Vehículos abandonados en CABA: la Legislatura porteña aprobó una reforma que permite compactarlos, reciclarlos o destinarlos al Estado
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires dio un paso concreto hacia la modernización del tratamiento de los vehículos abandonados en el espacio público. Con 36 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones, el cuerpo legislativo aprobó una modificación a la Ley 342 que amplía significativamente las herramientas disponibles para gestionar esos rodados una vez vencidos los plazos legales.
La iniciativa fue impulsada originalmente por el legislador Francisco Loupias y contó con la coautoría de Aldana Belén Crucitta, Emmanuel Ferrario, Rocío Figueroa, Patricia Inés Glize, Silvia Lospenatto, Sebastián Nagata, María Graciela Ocaña, Sergio Hernán Siciliano y Gimena Villafruela. El proyecto había ingresado a la Legislatura el 3 de agosto pasado.
Qué cambia con la nueva normativa
La reforma introduce modificaciones en los artículos 6° y 7° de la Ley 342 e incorpora un artículo 6° bis que define con precisión las alternativas de destino para los vehículos en situación de abandono. La autoridad de aplicación podrá disponer, según criterios de mérito, oportunidad y conveniencia, alguna de las siguientes opciones: descontaminación, desguace y compactación, o afectación al uso público dentro del Estado porteño.
La norma también establece definiciones técnicas para cada procedimiento. La descontaminación implica la extracción de elementos potencialmente peligrosos para el ambiente, como baterías y fluidos. El desguace comprende el retiro de piezas reutilizables o reciclables, y la compactación convierte el vehículo en chatarra una vez agotadas las otras instancias.
Un punto destacado de la reforma es la prioridad asignada a los establecimientos educativos. Si instituciones con fines de investigación, práctica o docencia tienen solicitudes registradas, podrán acceder a los vehículos o sus componentes tras el proceso de descontaminación correspondiente.
El trasfondo político y de gestión
Más allá del aspecto técnico, la reforma tiene implicancias directas sobre la gestión del espacio público en Buenos Aires. La acumulación de autos abandonados es un problema visible y recurrente en distintos barrios de la Ciudad, que genera tanto contaminación visual como riesgos ambientales por la degradación de fluidos y materiales.
La nueva normativa también habilita que algunos rodados sean recuperados y afectados al uso público, lo que podría redundar en el refuerzo o renovación de la flota del Estado porteño, incluyendo organismos vinculados al Sistema Integral de Seguridad Pública. Este punto no es menor: implica que vehículos que hoy representan un costo y un problema logístico podrían convertirse en un recurso para el propio Gobierno de la Ciudad.
La modificación toma como antecedente el Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores ya existente en el ámbito porteño, y busca articular esa experiencia con un marco legal más claro y flexible. Según los fundamentos del proyecto, el objetivo central es avanzar hacia una lógica de economía circular, reduciendo el impacto ambiental y optimizando los recursos disponibles.
Con esta aprobación, la Legislatura porteña actualiza una normativa que hasta ahora dejaba poco margen de acción a la administración frente a una problemática cotidiana. El debate legislativo, con catorce votos en contra, refleja que la cuestión no estuvo exenta de resistencias, aunque la mayoría optó por avalar una reforma que apunta a hacer más eficiente la gestión del espacio urbano y los bienes públicos.
