Traslado masivo de Devoto a Marcos Paz: la Justicia no frenó el operativo, pero le puso condiciones al Gobierno
El Gobierno nacional celebró la primera etapa del traslado de 1.400 detenidos desde la cárcel de Villa Devoto al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, lo presentó como un operativo modelo: sin motines, sin fugas, con identificación por código QR y evaluaciones médicas en simultáneo. Sin embargo, la imagen prolija que proyecta la administración nacional choca con una realidad más compleja: la Justicia intervino, y aunque no revirtió los movimientos ya realizados, dejó en claro que el procedimiento tuvo fallas y que el control del Estado no puede quedar librado exclusivamente a la voluntad del Ejecutivo.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el rechazo del hábeas corpus colectivo presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), pero la resolución está lejos de ser un aval incondicional al operativo. Los jueces Rodolfo Pociello Argerich y Hernán Martín López, de la Sala V, detectaron que las notificaciones previas a los traslados no se ajustaron al protocolo del Servicio Penitenciario Federal (SPF). En consecuencia, instruyeron al juez de primera instancia para que exija comunicar los próximos movimientos a los organismos judiciales y a las defensas con al menos 72 horas de anticipación.
La irregularidad procesal no fue suficiente para ordenar el regreso de los internos a Devoto, entre otras razones porque el propio tribunal advirtió que varios sectores del penal porteño quedaron inhabilitados por problemas de infraestructura. Volver atrás, dijeron los camaristas, podía empeorar las condiciones de alojamiento. Pero el reconocimiento de que hubo incumplimientos en la comunicación previa pone en evidencia una gestión que, en su apuro por mostrar resultados, pasó por alto obligaciones básicas.
El fallo también ordenó garantizar de forma inmediata el ingreso de funcionarios de la Procuración Penitenciaria para inspeccionar los establecimientos. Esta medida no es menor: el organismo había denunciado dificultades para acceder a los pabellones y entrevistar a las personas detenidas. Que un tribunal deba ordenar explícitamente el ingreso de un organismo de control habla de las resistencias que enfrentó ese seguimiento desde el inicio del operativo.
El derecho a la educación es, quizás, el punto más sensible de todo el debate. El traslado afectó a detenidos vinculados al Centro Universitario Devoto (CUD), el histórico programa UBA XXII que funciona dentro de la cárcel desde 1985. Organizaciones especializadas en educación en contextos de encierro cuestionaron que el operativo comenzara, precisamente, por estudiantes universitarios. La abogada Claudia Cesaroni, del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), señaló que existían compromisos previos para derivar a algunos de esos detenidos a Ezeiza, y no a Marcos Paz, donde las condiciones para continuar con la actividad académica no estaban garantizadas.
La Cámara no consideró probado que el derecho a estudiar hubiera sido efectivamente vulnerado, pero tampoco lo dio por garantizado. Valoró las gestiones para habilitar espacios del programa en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza bajo una modalidad híbrida, y mencionó la oferta disponible en Marcos Paz. Al mismo tiempo, dejó abierta la puerta para nuevos planteos si se acreditan afectaciones concretas. En otros términos: el problema no está resuelto, solo pospuesto.
El traslado se enmarca en el acuerdo entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para desafectar el predio de Devoto como establecimiento penitenciario. El Gobierno porteño tiene sus propios planes para ese terreno, lo que convierte al cierre del penal en una operación con implicancias políticas, urbanísticas y económicas que van mucho más allá de la gestión carcelaria.
Lo que queda en pie es una pregunta que el fallo no responde, pero que la realidad impone: ¿puede el Estado garantizar, en Marcos Paz, las mismas condiciones de acceso a la educación, a las salidas transitorias, a la progresividad de la pena y al contacto con las familias que existían en Devoto? Por ahora, la Justicia exigió controles. El cumplimiento efectivo de esas medidas definirá si el operativo es, en los hechos, lo que el Gobierno dice que es.
