El canillita contra la Ciudad: el único puesto de diarios de Puerto Madero, al borde del desalojo
Mientras el Gobierno porteño habilita nuevos módulos gastronómicos en los accesos a Puerto Madero, le exige a un vendedor de diarios con más de dos décadas de historia en el barrio que regularice su situación o abandone el espacio público. La contradicción no pasó desapercibida entre los vecinos.
Guido Miranda atiende su puesto de diarios en la plazoleta Juan Manuel Fangio, en la esquina de Azucena Villaflor y Aimé Painé, desde hace más de veinte años. Es el único kiosco de su tipo en toda la zona de Puerto Madero, perteneciente a la Comuna 1. Sin embargo, la continuidad de su trabajo está hoy en riesgo: el área de Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo intimó formalmente a regularizar la habilitación del emplazamiento, bajo amenaza de multa o retiro del puesto.
Según pudo reconstruirse, la estructura física fue instalada en 2021, pero el trámite de habilitación específica para ese emplazamiento nunca se completó. Desde la gestión porteña indicaron que Miranda debe iniciar el proceso a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) para obtener el permiso correspondiente. El propio canillita reconoció que ya comenzó gestiones en ese sentido y que su intención es regularizar la situación.
Sin embargo, el caso adquirió una dimensión política que va más allá del trámite administrativo. Los vecinos del barrio salieron a respaldar la continuidad del puesto y exigen que el Gobierno encuentre una solución que contemple los años de trayectoria de Miranda y su vínculo construido con la comunidad local. Para los residentes, no se trata de un simple incumplimiento burocrático: se trata del último —y único— puesto de diarios de un barrio que, paradójicamente, está siendo intervenido por el propio Estado con nuevas concesiones comerciales.
Esa es, quizás, la tensión más visible del conflicto. En los últimos meses, el Gobierno porteño avanzó con la instalación de módulos gastronómicos en los accesos a Puerto Madero, una decisión que también generó cuestionamientos entre vecinos y organizaciones por su impacto en el espacio público. El contraste resulta llamativo: mientras se otorgan permisos para nuevos emprendimientos en la zona, un trabajador independiente con más de dos décadas de presencia en el barrio enfrenta una intimación que podría dejarlo sin su fuente de ingresos.
El caso de Miranda pone sobre la mesa una pregunta que la gestión de Jorge Macri deberá responder con claridad: ¿qué criterios aplica el Gobierno porteño a la hora de administrar el espacio público? ¿Por qué avanza con celeridad para habilitar nuevos negocios en la zona y, al mismo tiempo, presiona a un canillita histórico con la amenaza del desalojo?
Por ahora, el puesto de diarios de la plazoleta Juan Manuel Fangio sigue abierto. Pero el tiempo corre, y la respuesta del Estado porteño definirá si hay lugar para la historia y el trabajo de los de siempre en uno de los barrios más caros y transformados de Buenos Aires.








