Lo que prometía ser una jugada para reactivar la economía terminó en papel mojado. A más de cinco meses de su lanzamiento, el plan del Gobierno para que los argentinos usen los dólares guardados sin declarar no logró despegar.
La propuesta, impulsada por Luis Caputo y Juan Pazo, buscaba habilitar el uso de divisas atesoradas durante los años de cepo para comprar desde inmuebles hasta bienes de consumo, sin riesgo de sanciones fiscales. Pero la letra chica nunca llegó a aplicarse.
Los bancos, lejos de acompañar, mantuvieron las trabas: exigen declaraciones juradas y comprobantes del origen de los fondos, a contramano de la flexibilización que anunció la Unidad de Información Financiera (UIF).
Mientras tanto, en el Congreso, la oposición avanza con un proyecto alternativo que busca blanquear dólares con un esquema más claro y menos burocrático.
“El sistema no cambió: los bancos siguen pidiendo papeles y formularios voluntarios para cubrirse”, apuntó el tributarista Alejandro Rosenfeld, reflejando el sentimiento general del sector.
Por ahora, el “dólar colchón” sigue donde siempre: debajo del colchón.
