VTV en CABA: Jorge Macri desregula tarifas y abre el mercado de verificaciones en una reforma que promete simplificar pero genera interrogantes
La Ciudad de Buenos Aires reformó de raíz su sistema de Verificación Técnica Vehicular. La Legislatura porteña aprobó y el Ejecutivo de Jorge Macri promulgó una normativa que modifica los plazos de inspección, habilita nuevos prestadores privados y, en el punto más polémico, elimina el esquema de tarifas reguladas. El cambio no es menor: afecta a cientos de miles de conductores porteños y redefine quién puede hacer negocios con un trámite obligatorio.
La reforma tiene un claro sello ideológico: desregulación y apertura al mercado. Hasta ahora, la VTV era un servicio prestado exclusivamente por plantas verificadoras concesionadas bajo un esquema de precios controlados por el Estado. Con la nueva normativa, talleres mecánicos, concesionarias e importadores podrán sumarse al sistema, siempre que obtengan la habilitación correspondiente e integren el Registro Único de Talleres. La competencia, argumentan desde el Gobierno porteño, debería redundar en mejores precios y mayor oferta. El problema es que la historia argentina con la desregulación de servicios obligatorios no siempre avala ese optimismo.
El ministro de Infraestructura, Pablo Bereciartua, defendió el nuevo esquema con el argumento de la modernización y los estándares de seguridad vial. Sin embargo, la eliminación de tarifas reguladas genera una pregunta concreta que el Ejecutivo porteño todavía no responde con claridad: ¿quién protege al conductor de aumentos abusivos en un trámite que no es opcional? Hasta que concluya la transición, seguirán vigentes los precios actuales, pero ese período tiene fecha de vencimiento.
En cuanto a los plazos, el cambio más significativo apunta a los vehículos cero kilómetro. La primera inspección pasa de los cuatro a los cinco años desde el patentamiento, y hasta los diez años de antigüedad la vigencia del certificado será de dos años en lugar de uno. Recién a partir de la década, el control vuelve a ser anual. Quienes ya cuenten con una VTV vigente no verán cambios inmediatos: deberán respetar su fecha de vencimiento y recién en la siguiente renovación pasarán al nuevo esquema.
Otro elemento a destacar es la incorporación del formato digital para presentar la documentación de la VTV, una actualización que llega tarde pero que simplifica el trámite cotidiano. Los nuevos talleres habilitados deberán cumplir requisitos técnicos, contar con un director matriculado y someterse a auditorías periódicas, lo que en teoría garantiza un piso mínimo de calidad.
La normativa preserva las exenciones históricas: jubilados, pensionados, mayores de 65 años con ingresos y vehículos dentro de ciertos parámetros, y personas con discapacidad, seguirán sin pagar el trámite. Un guiño social que el Gobierno porteño se encargó de subrayar en la comunicación oficial.
El punto crítico de toda la reforma es su implementación gradual. Los cambios se activarán a medida que venzan las concesiones vigentes de las plantas verificadoras, lo que significa que el nuevo sistema no operará de forma plena de manera inmediata. Ese cronograma escalonado diluye la urgencia del impacto, pero también demora los beneficios prometidos. La Ciudad apuesta a que la apertura del mercado baje precios y mejore el servicio. La ciudadanía porteña, mientras tanto, tendrá que esperar para comprobar si la apuesta se sostiene o si la desregulación termina siendo sinónimo de tarifas sin techo.
