Título: La “muerte” de las apps abre un debate político: quién controlará la nueva capa de inteligencia artificial
La predicción de Carl Pei, CEO de Nothing y cofundador de Oppo, sobre la eventual desaparición de las aplicaciones móviles no es solo una discusión tecnológica: anticipa un reordenamiento del poder digital que impacta de lleno en la regulación, la competencia y la soberanía tecnológica de países como la Argentina.
Según el empresario, en un plazo de entre siete y diez años, las apps podrían ser reemplazadas por agentes de inteligencia artificial capaces de ejecutar tareas de manera autónoma. En ese escenario, el usuario ya no interactuaría con múltiples plataformas, sino con un sistema operativo centralizado que gestionaría todo. La frase es contundente: “todo el teléfono tendrá una sola aplicación”.
Detrás de esa simplificación aparente, se esconde un cambio estructural. Hoy, el ecosistema digital está fragmentado entre miles de apps que compiten —aunque bajo el dominio de gigantes como Google y Apple—. Pero con la irrupción de la llamada IA agéntica, el control podría concentrarse aún más en quienes desarrollen esos sistemas integrales.
Para la Argentina, este debate no es abstracto. En un contexto donde el gobierno de Javier Milei promueve una desregulación amplia de la economía, el avance de estas tecnologías plantea interrogantes concretos: ¿habrá margen para políticas de protección de datos? ¿Qué rol tendrá el Estado frente a plataformas cada vez más opacas y automatizadas?
El desplazamiento de las apps también impactaría en el entramado productivo local. Desde fintechs hasta startups de servicios, gran parte del ecosistema tecnológico argentino se apoya en el desarrollo de aplicaciones. Si ese modelo queda obsoleto, la reconversión no será automática y podría profundizar la dependencia de soluciones extranjeras.
Además, la discusión regulatoria cobra una nueva dimensión. Si hoy el foco está puesto en prácticas monopólicas o en la moderación de contenidos, el futuro apunta a sistemas que toman decisiones operativas sin intervención humana directa. Eso obliga a repensar marcos legales que en la Argentina ya vienen corriendo por detrás de la innovación.
Pei advierte que las empresas deberían “reconsiderar sus enfoques”. El mensaje también interpela a los gobiernos: la transición hacia una economía basada en agentes de IA no solo redefine mercados, sino también las reglas de juego. Y en ese tablero, llegar tarde no es una opción neutral, sino una forma de ceder poder.
En definitiva, lo que parece una evolución tecnológica podría convertirse en un nuevo capítulo de la disputa global por el control de la infraestructura digital. Y ahí, la política —también en Buenos Aires— todavía tiene más preguntas que respuestas.
