Escándalo del propofol: imputan a “Tati” Leclercq y crece la presión sobre los controles en hospitales porteños
La imputación de la médica residente Chantal “Tati” Leclercq por presunta administración fraudulenta reavivó una discusión incómoda para el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires: los controles internos sobre sustancias sensibles y el circuito informal que, según la Justicia, podría estar operando dentro de hospitales públicos y privados.
Leclercq, vinculada al escándalo de las llamadas “propofest”, quedó formalmente acusada por el supuesto robo de anestésicos del Hospital Rivadavia, donde realizaba su residencia. La medida judicial se tomó a partir de una denuncia que conecta este caso con otra investigación en curso por desvío de fármacos en el Hospital Italiano, lo que expone un patrón que trasciende situaciones aisladas y pone en foco la supervisión institucional.
El caso suma elementos que inquietan tanto a la Justicia como a las autoridades sanitarias porteñas. Según consta en el expediente, la propia residente habría admitido ante una asociación profesional el consumo de drogas como propofol, ketamina y fentanilo, sustancias de uso estrictamente controlado. La pregunta que se abre es cómo estos insumos, críticos para prácticas médicas, pueden salir del circuito formal sin alertas tempranas eficaces.
La investigación también se cruza con la muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar, un episodio aún bajo análisis judicial. Si bien Leclercq no está imputada en esa causa, los allanamientos realizados por la Policía de la Ciudad en propiedades vinculadas a la médica revelan el nivel de preocupación que el caso genera en los despachos judiciales y políticos.
En paralelo, un dato menor en apariencia refuerza la hipótesis de descontrol: el hallazgo de agujas hipodérmicas en el laundry de un edificio en Palermo, donde Leclercq tenía vínculo. El episodio, reportado por vecinos meses antes, no derivó en ninguna acción preventiva visible, lo que vuelve a poner en discusión la capacidad de reacción ante señales de riesgo en entornos urbanos densamente poblados.
El avance de la causa, que involucra a distintos juzgados y fiscales, empieza a delinear un problema estructural: la trazabilidad de medicamentos críticos y la responsabilidad de las instituciones en su resguardo. En un sistema sanitario tensionado por recortes, alta demanda y precarización laboral, el control sobre estos insumos aparece como un punto débil que ahora queda bajo la lupa pública.
Más allá de las responsabilidades individuales, el caso Leclercq se proyecta como un test para la gestión sanitaria en CABA. La respuesta de organismos regulatorios, hospitales y asociaciones médicas será clave para determinar si se trata de hechos aislados o de una falla sistémica que exige reformas urgentes.
