El gobierno de Javier Milei volvió a apoyarse en la vía reglamentaria para profundizar su reforma laboral y reconfigurar el equilibrio entre empresas, trabajadores y sindicatos. A través del Decreto 407/2026, la Casa Rosada puso en marcha cambios clave que impactan de lleno en la negociación colectiva, las condiciones laborales y el funcionamiento sindical, con efectos directos también en el mercado de trabajo de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.
La decisión más sensible es el fin de la llamada “ultraactividad”, un mecanismo que permitía que los convenios colectivos siguieran vigentes incluso después de su vencimiento. Con la nueva reglamentación, el Ejecutivo obliga a reabrir negociaciones en un plazo de 30 días y habilita a dar por caídos acuerdos sin fecha clara de caducidad antes de fin de 2026. En la práctica, esto debilita la posición de los sindicatos en sectores clave del conurbano bonaerense y la Ciudad, donde muchos convenios venían prorrogándose sin actualización formal.
Desde el oficialismo, el ministro de Desregulación, **Federico Sturzenegger**, defendió la medida como un avance contra “aportes compulsivos” y distorsiones en los acuerdos laborales. Sin embargo, en el universo sindical y opositor ya advierten que la eliminación de cláusulas automáticas y la revisión forzada de convenios podría traducirse en una pérdida de derechos adquiridos y mayor fragmentación del sistema laboral.
Otro eje de la reglamentación apunta a limitar el peso económico de los convenios. El decreto establece topes globales para aportes y contribuciones, evitando que se distribuyan en múltiples conceptos para eludir límites legales. Además, endurece los requisitos de representación empresaria en las negociaciones, lo que podría reconfigurar la mesa de discusión en sectores productivos con fuerte presencia en el AMBA.
La avanzada también alcanza al funcionamiento sindical. A partir de ahora, las organizaciones deberán validar con mayor precisión la cantidad de afiliados y podrán ser auditadas con bases de datos oficiales como el SIPA. En escenarios de disputa entre gremios, se exigirá una diferencia mínima del 5% en afiliados para definir la representación. Se trata de un cambio que podría intensificar internas sindicales en actividades estratégicas.
En paralelo, el Gobierno introduce modificaciones en aspectos cotidianos de la relación laboral. Las licencias médicas deberán tramitarse exclusivamente de forma digital, con validación en plataformas registradas, mientras que los recibos de sueldo deberán detallar con mayor claridad los costos laborales totales, incluyendo conceptos que hasta ahora no eran visibles para el trabajador.
Uno de los puntos más controvertidos es la situación de los trabajadores de plataformas. La reglamentación consolida su exclusión de la Ley de Contrato de Trabajo y delega su regulación en el área de Transporte, lo que refuerza un esquema más flexible y menos protegido, especialmente en grandes centros urbanos como Buenos Aires, donde este tipo de empleo creció con fuerza.
En conjunto, la reglamentación muestra una estrategia clara del Gobierno: avanzar en la desregulación del mercado laboral reduciendo la intermediación sindical y flexibilizando condiciones, incluso en aspectos que no habían quedado completamente definidos en la ley original. El impacto real se medirá en los próximos meses, cuando comiencen las renegociaciones y se expongan los nuevos equilibrios de poder en el mundo del trabajo.
