Mil propiedades recuperadas: el GCBA convierte los desalojos en bandera política y de gestión
El número redondo tiene el peso de un hito. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires alcanzó las 1.000 propiedades recuperadas de manos de ocupantes ilegales, y el jefe de Gobierno Jorge Macri no desaprovechó la ocasión para transformar esa cifra en un acto político de alto impacto. El operativo número mil se realizó en Mataderos, sobre un predio de la calle Cafayate al 1642, a metros de la avenida Juan Bautista Alberdi: una galería con un terreno anexo que llevaba 15 años ocupado y que, según denuncias de vecinos, funcionaba como escenario de venta de drogas, robos y amenazas a estudiantes de una escuela del barrio.
El balance presentado por la administración porteña abarca inmuebles de naturaleza muy diversa: talleres textiles clandestinos donde se encontraron 17 menores en Flores y Parque Chas, terrenos estatales ocupados por organizaciones sociales en San Telmo, sectores bajo autopistas en Villa Luro, hoteles en Constitución vinculados a actividades delictivas, fábricas históricas tomadas durante décadas y edificios emblemáticos como la Casa Blaquier, la llamada Galería del Terror en Nueva Pompeya, y el Elefante Blanco de Belgrano, un edificio de 12 pisos en Olazábal 3432 que ya fue escenario del anuncio del desalojo número 500 el año pasado.
Por barrios, Balvanera lidera el ranking con 130 propiedades recuperadas, concentradas principalmente en la zona de Once. Le siguen La Boca con 63, Almagro con 53, Constitución con 52 y Flores con 43. En términos económicos, el Gobierno porteño estimó que el conjunto de los inmuebles restituidos supera los 500 millones de dólares en valor total.
El acto de presentación del balance no fue solo estadístico. Macri se reunió con propietarios que atravesaron largos procesos judiciales para recuperar sus inmuebles. Uno de los casos más resonantes fue el de Daniel Azzaroni, quien recuperó la casa de su infancia en Entre Ríos 542 tras casi una década de litigio. También estuvo presente Luciana Palacio, que recuperó un hotel-pensión familiar ubicado en la calle Chile después de seis años de ocupación.
Desde el punto de vista operativo, los procedimientos involucran una cadena de organismos: la Policía de la Ciudad ejecuta los desalojos por orden judicial, mientras que la Guardia de Auxilio, Emergencias, la Agencia Gubernamental de Control y las áreas de Ordenamiento Urbano y Espacio Público intervienen según las particularidades de cada caso. La Red de Atención releva la situación de los ocupantes y evalúa alternativas asistenciales. Cuando hay menores, se suma el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Lo que la gestión presenta como un logro en materia de seguridad y recuperación urbana también abre preguntas que el propio acto oficial no respondió: qué ocurre con las personas desalojadas, qué alternativas habitacionales concretas reciben quienes no tienen adónde ir, y si la coordinación interministerial es suficiente para evitar que los espacios liberados vuelvan a ser ocupados. La Ciudad contabiliza los procedimientos, pero el debate sobre las causas estructurales de las usurpaciones y la política habitacional de fondo está lejos de cerrarse.
Con los 1.000 desalojos como cifra insignia, Macri consolida uno de los ejes centrales de su gestión: el orden urbano y la restitución de derechos de propietarios particulares. Un mensaje político claro, en una ciudad donde la cuestión de la propiedad, el espacio público y la seguridad sigue siendo terreno de disputa permanente.
