Narcomenudeo en Retiro: prisión preventiva para un dealer con antecedentes y una orden de expulsión sin ejecutar
La Justicia porteña volvió a poner el foco sobre uno de los nodos más problemáticos de la Ciudad: el barrio de Retiro. Un operativo de la Policía de la Ciudad terminó con la detención de un hombre al que le secuestraron numerosos envoltorios de pasta base listos para su venta, dinero en efectivo y, como dato que agrega complejidad al caso, un historial judicial y migratorio que enciende las alarmas sobre la eficacia del sistema.
El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la División Unidad Táctica Pacificación 1, que observaron al sospechoso realizando un intercambio con otra persona en la vía pública. Al advertir la presencia policial, ambos individuos intentaron retirarse. Fue en ese momento cuando el ahora imputado habría descartado una bolsa entre dos vehículos estacionados. Al revisar el lugar, los agentes hallaron los envoltorios con la sustancia estupefaciente.
La Unidad de Flagrancia (UFLA) Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires tomó intervención de inmediato. El auxiliar fiscal Federico Ghisio impulsó la imputación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y solicitó la prisión preventiva ante el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.° 30. El juez Juan José Cavallari hizo lugar al pedido.
Un historial que incomoda
Más allá de la detención en flagrancia, lo que convierte a este caso en un punto de debate sobre la gestión del sistema judicial y migratorio es el perfil del imputado. Según informó el Ministerio Público Fiscal porteño, el hombre ya había cumplido condena por un delito de características similares y había recuperado su libertad apenas en marzo de este año. Es decir, en menos de seis meses volvió a ser detenido en las mismas circunstancias.
A ese dato se suma otro de peso: el imputado tiene situación migratoria irregular y sobre él pesa una orden de expulsión del país que, al momento de su detención, todavía no había sido ejecutada. La Fiscalía debió solicitar información a la Dirección Nacional de Migraciones para conocer el estado real del trámite, lo que deja en evidencia la falta de coordinación entre organismos del Estado.
Este punto no es menor. La orden de expulsión pendiente revela una grieta institucional: una persona con antecedentes penales por narcomenudeo, en situación migratoria irregular y con una resolución administrativa de expulsión vigente, continuó en el país y volvió a ser capturada en la misma actividad ilícita. La pregunta que emerge es directa: ¿por qué no se ejecutó la medida migratoria oportunamente?
El avance del narcomenudeo en zonas neurálgicas de la Ciudad, como Retiro, interpela no solo a la Justicia sino también a las políticas de seguridad y a la articulación entre el gobierno porteño y el nacional en materia de control migratorio y reinserción. Casos como este exponen los límites del esquema actual y la necesidad de respuestas más coordinadas y efectivas.
La investigación continúa en curso mientras la Fiscalía avanza en las actuaciones vinculadas al proceso por comercialización de estupefacientes.
