Ley Ema en la Legislatura porteña: quieren convertir en política de Estado la lucha contra la violencia digital en las escuelas
La muerte de Ema Bondaruk, una adolescente de Longchamps cuya vida fue destruida por la difusión no consentida de un video íntimo, volvió a instalarse en el centro del debate político de la Ciudad. Un grupo de legisladores porteños presentó el proyecto de Ley Ema, una iniciativa que busca transformar la prevención del ciberacoso y la violencia digital en una política educativa con rango legal, financiamiento propio y rendición de cuentas anual ante la Legislatura.
El expediente 3356-D-2026, ingresado el 26 de octubre, lleva las firmas de Leandro Santoro, María Bielli, Francisco Caporiccio, Andrea Mariana González, Alejandro Omar Grillo, Berenice Iañez, Matías Lammens, Federico Mochi, Juan Pablo Modarelli, Claudia Neira y Delfina Velázquez. La iniciativa propone crear el Programa de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos, aplicable a todas las escuelas públicas y privadas de la Ciudad, en todos sus niveles y modalidades.
El trasfondo político es claro: el proyecto reconoce que el Gobierno de la Ciudad ya dispone de un protocolo escolar para situaciones de violencia digital, pero lo considera insuficiente. La apuesta de los impulsores es elevar esa respuesta a una norma con obligaciones concretas, presupuesto asignado y mecanismos de control legislativo. Si se aprueba, el Poder Ejecutivo porteño tendrá 90 días para reglamentarla y el Ministerio de Educación deberá presentar informes anuales de implementación.
Entre las medidas centrales que contempla la iniciativa se destacan la incorporación transversal de contenidos sobre consentimiento, privacidad e identidad digital en los programas educativos; la formación continua y obligatoria de docentes, directivos y equipos de orientación escolar; talleres y campañas de concientización para estudiantes y familias; protocolos de actuación ante situaciones de riesgo; y acompañamiento psicológico y pedagógico para las víctimas.
La propuesta también amplía el mapa de lo que se entiende por violencia digital. Además del ciberacoso y las amenazas, incluye la difusión no consentida de imágenes íntimas, la extorsión, la manipulación de material con inteligencia artificial y el abuso sexual infantil producido o alterado con tecnologías digitales. Esta definición abarcadora responde, en parte, a los datos que arroja un informe de la Defensoría del Pueblo porteña publicado en mayo de 2026, elaborado sobre la base de una encuesta a 912 estudiantes de entre 12 y 19 años de escuelas de la Ciudad.
Los números son contundentes y justifican la urgencia legislativa: el 49% de los jóvenes encuestados atravesó al menos una experiencia de agresión en línea, el 12% sufrió la publicación de fotos o videos propios sin su autorización y el 43% recibió imágenes o videos manipulados con inteligencia artificial. La magnitud del fenómeno contrasta con la respuesta institucional actual, que los propios fundamentos del proyecto califican como insuficiente para contener y acompañar a las víctimas.
El nombre de la ley no es un detalle menor. Ema Bondaruk tenía 14 años cuando un compañero de escuela difundió un video íntimo suyo sin su consentimiento. Murió en agosto de 2024, un día después de que ese material circulara. Su madre, Laura Sánchez, se convirtió en una de las principales impulsoras de este tipo de iniciativas junto a organizaciones especializadas. La historia de Ema es, en ese sentido, tanto el origen como el motor político de esta propuesta.
El proyecto ahora deberá recorrer el camino legislativo en la Legislatura porteña. La discusión que se avecina no será solo técnica: implicará definir si la Ciudad está dispuesta a darle a la violencia digital en las escuelas el lugar que le corresponde dentro de sus políticas públicas, con recursos y compromisos reales.
