La calle no se negocia: la Marcha del Orgullo le planta cara al Gobierno porteño y escala la disputa a la Legislatura
La tensión entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las organizaciones de la diversidad entró en una nueva fase. El Consejo Asesor Histórico y la Comisión Organizadora de la 35ª Marcha del Orgullo ratificaron públicamente la convocatoria para el 7 de noviembre y rechazaron la propuesta oficial de trasladarla al 21. La disputa, que comenzó como una negociación entre bambalinas, se convirtió en un conflicto político de primera línea con repercusiones legislativas e internacionales.
El detonante fue una resolución conjunta del Ejecutivo porteño que establece restricciones para eventos y actividades masivas en el espacio público entre el 6 y el 13 de noviembre, en el marco del operativo diseñado para la visita del papa León XIV. El período abarca exactamente el sábado 7 de noviembre, fecha elegida por las organizaciones con meses de anticipación. Frente a esa situación, el Gobierno propuso como salida correr la movilización dos semanas, argumentando que de ese modo estarían disponibles los recursos operativos necesarios.
La respuesta de las organizaciones fue contundente. Bajo la consigna “La calle no se negocia y la Marcha se mantiene”, el Consejo Asesor Histórico y la Comisión Organizadora dejaron en claro que la fecha no está en discusión y que la responsabilidad de garantizar la logística, la seguridad y la atención sanitaria recae sobre el Estado porteño. En su comunicado, recordaron que la planificación de una movilización de esta escala requiere meses de trabajo y que la convocatoria del 7 de noviembre tiene un peso histórico y político que no puede ser ignorado ni reemplazado por decreto.
El conflicto también llegó a la Legislatura porteña. El jueves 25 de septiembre ingresó el proyecto de declaración 2978-D-2026, impulsado por la diputada Delfina Velázquez y firmado por un bloque amplio de legisladores: Matías Barroetaveña, Vanina Biasi, María Bielli, Francisco Caporiccio, Victoria Freire, Noemí Geminiani, Alejandro Omar Grillo, Andrés La Blunda, Amanda Martín, Juan Pablo Modarelli, Graciana Peñafort, Alejandro Salvatierra y Leandro Santoro.
La iniciativa expresa “profunda preocupación” por la falta de definiciones oficiales a menos de seis semanas de la marcha. En sus fundamentos, los legisladores invocan la Ley N° 6.482, que instituyó la Semana del Orgullo y establece que la fecha de la movilización es definida por organizaciones de la sociedad civil con trayectoria en la defensa de los derechos LGBTIQ+, no por el Ejecutivo. También sostienen que la visita papal y la Marcha del Orgullo no son actividades incompatibles y que el Estado tiene la obligación de coordinar ambas sin condicionar el ejercicio de derechos.
La presión no se limitó al ámbito local. InterPride, la organización internacional que agrupa a entidades vinculadas a las celebraciones y movilizaciones del Orgullo en el mundo, se pronunció a favor de mantener la fecha original. En un comunicado difundido a través de los canales de la organización argentina, InterPride expresó su solidaridad ante lo que describió como un intento de postergar la movilización, reclamó a las autoridades porteñas un diálogo genuino con las organizaciones locales y subrayó que las instituciones democráticas tienen la responsabilidad de garantizar el derecho de reunión y expresión, incluso cuando conviven distintas actividades en el espacio público.
Lo que el Gobierno porteño presentó como una cuestión de logística operativa tiene, en los hechos, una dimensión política mayor. La Marcha del Orgullo de Buenos Aires es una de las más grandes de la región, convoca a cientos de miles de personas y tiene una historia que se remonta a 1992. Condicionar su realización en función de un evento religioso, sin garantizar alternativas concretas ni respuestas oficiales claras, genera un precedente preocupante sobre cómo el Estado porteño administra la coexistencia de derechos en el espacio público.
Por ahora, el diálogo entre las partes continúa abierto, pero la postura de las organizaciones es pública y firme: la 35ª Marcha del Orgullo marcha el 7 de noviembre.
