El GCBA y una desarrolladora lograron que la Justicia habilite la demolición de un chalet con protección patrimonial en Villa del Parque
Un fallo de la Cámara de Apelaciones dejó sin efecto la cautelar que frenaba el derribo del inmueble ubicado en Campana y José Pedro Varela. El Gobierno porteño apeló junto a la empresa DVT Real Estate para avanzar con la construcción de un edificio. Los vecinos se movilizan.
La decisión judicial no pasó desapercibida en Villa del Parque. La Cámara de Apelaciones hizo lugar a los recursos presentados por la desarrolladora DVT Real Estate y el propio Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y levantó la medida cautelar que impedía demoler un chalet con protección patrimonial ubicado en la esquina de Campana y José Pedro Varela. El fallo abre la puerta a que una construcción histórica del barrio sea reemplazada por un edificio, y pone en el centro del debate el rol del Estado porteño como garante —o no— del patrimonio urbano.
El caso condensa una tensión que se repite en distintos rincones de la Ciudad: el avance del negocio inmobiliario sobre barrios de casas bajas con identidad propia, frente a vecinos que exigen que las normas de protección patrimonial se cumplan de verdad y no queden en letra muerta.
Cuando la protección no protege
El inmueble en cuestión contaba con catalogación patrimonial, una figura jurídica que, en teoría, debería blindarlo frente a cualquier intento de demolición. Sin embargo, la desarrolladora adquirió la propiedad y solicitó el levantamiento de esa protección para poder ejecutar su proyecto de construcción. El pedido encontró eco en la gestión porteña, que no solo no resistió la presión sino que terminó apelando junto a la empresa contra la medida cautelar que había dispuesto el juez Roberto Gallardo a pedido de la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Ese detalle no es menor: el Gobierno de la Ciudad, que en sus discursos públicos pondera la preservación del patrimonio arquitectónico porteño, eligió en este caso ponerse del lado de quien quiere demoler. La pregunta que queda flotando es directa: ¿qué vale la protección patrimonial si el propio Estado la desactiva cuando hay intereses inmobiliarios de por medio?
El Código Urbanístico en el banquillo
Desde Urbana Comuna Once, que impulsó la convocatoria vecinal, pusieron el foco en el Código Urbanístico porteño, aprobado en 2018 y reformado en 2024, señalándolo como una herramienta que habilita transformaciones profundas en barrios con tejido histórico sin garantizar mecanismos robustos de protección definitiva para los inmuebles de valor. La incorporación al Catálogo de Inmuebles Protegidos, plantean, no puede depender de la voluntad política del momento ni quedar expuesta a maniobras legales que la dejen sin efecto.
El caso del chalet de Villa del Parque no es el primero ni será el último. Meses atrás, en Parque Chas, la revocación de otra medida cautelar habilitó la demolición del último chalet centenario del barrio, también en medio de reclamos vecinales ignorados.
La movilización como respuesta
Frente a este escenario, vecinos y organizaciones convocaron a una concentración en la esquina de Campana y José Pedro Varela para visibilizar el reclamo y presionar para que se revierta la situación antes de que las topadoras entren en acción. La consigna es clara: la protección del patrimonio no puede ser una promesa vacía que se desvanece ante el primer recurso judicial de una empresa constructora.
El caso pone a prueba la coherencia del Gobierno porteño en materia de gestión urbana. Cuando el Estado elige pararse del lado del inversor inmobiliario contra la protección patrimonial que él mismo estableció, el mensaje hacia los barrios es inequívoco: la identidad urbana tiene precio, y alguien ya lo pagó.
