“Tormenta Negra”: el megaoperativo de Macri en 15 villas que divide aguas entre el orden y la represión
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires volvió a encender el debate político y social con un despliegue masivo de fuerzas de seguridad en los barrios populares porteños. Más de 1.500 efectivos de la Policía de la Ciudad y agentes de distintas áreas del Ejecutivo porteño participaron este jueves del operativo denominado “Tormenta Negra”, una intervención simultánea en 15 villas y asentamientos que el oficialismo presenta como una política de seguridad y ordenamiento urbano, pero que sectores de la oposición y organizaciones sociales califican de represiva y estigmatizante.
El procedimiento comenzó pasadas las 18 horas y abarcó territorios como las villas 31, 21-24, La Carbonilla, Fraga, Rodrigo Bueno, Barrio Mitre, Ciudad Oculta, Villa Lugano, INTA, Bermejo, Padre Mugica, 1-11-14, Cildañez, Piletones y Fátima. El despliegue incluyó controles de personas y vehículos, retiro de autos abandonados y chatarra, inspecciones a locales comerciales y establecimientos de salud que, según la Ciudad, operarían sin habilitación, y clausuras de corralones de materiales de construcción que funcionarían de manera irregular.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, salió a respaldar públicamente el operativo con una definición que sintetiza la lógica de su gestión en materia de seguridad: “Delincuentes, autos y celulares robados, construcciones ilegales, basura en la calle: en nuestra Ciudad eso no va más”. El mandatario insistió en que el objetivo es que las normas se apliquen por igual “en la villa o en los barrios” y que busca “recuperar el orden”.
El balance oficial que acompañó el comunicado es contundente en cifras: en la Villa 31, se clausuraron seis corralones considerados ilegales, se demolieron 10 edificaciones y se clausuraron otras 25, además de retirar chatarra equivalente a 40 camiones. Se suman 972 viviendas usurpadas restituidas a sus propietarios desde el inicio de la gestión, 680 cuadras liberadas de manteros y operativos contra la venta de celulares robados en zonas como Once y Constitución. En este último punto, el mes pasado se detuvo a 17 personas y se secuestraron cerca de 8.800 dosis de cocaína y pasta base.
El operativo “Tormenta Negra” no es una acción aislada. El Gobierno porteño reconoce que tiene como antecedente directo otro megaoperativo realizado en mayo en idéntica cantidad de barrios, y lo enmarca en una estrategia más amplia que incluye el “Operativo Muro” —control en los límites entre la Ciudad y el conurbano— y los procedimientos de saturación en Constitución, Retiro y Once.
Sin embargo, la lectura desde los barrios intervenidos dista de ser homogénea. El Polo Obrero fue uno de los primeros en salir a cuestionar el procedimiento y calificó la intervención de “operativo represivo” que “militariza los barrios” bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. La organización denunció persecución a población migrante, vendedores ambulantes y personas en situación de calle, además de requisas en domicilios particulares y presencia de helicópteros en la Villa 21-24. La acusación más grave apuntó directamente a la Villa 31: según el comunicado del Polo Obrero, “dispararon contra la gente”.
El Gobierno porteño no respondió de manera puntual a estas acusaciones en su comunicado oficial.
El operativo “Tormenta Negra” pone sobre la mesa una tensión que no es nueva en la política de seguridad urbana: la línea que separa el legítimo ejercicio del orden público del uso discrecional de la fuerza en territorios históricamente vulnerables. La gestión de Jorge Macri apuesta a que la acumulación de resultados concretos —clausuras, decomisos, restituciones de propiedades— consolide un relato de firmeza. Sus críticos advierten que detrás de los números se esconden procedimientos que afectan a familias trabajadoras y profundizan la estigmatización de los barrios populares.
Lo que sí queda claro es que este tipo de intervenciones se han convertido en una marca de gestión del Ejecutivo porteño, con una frecuencia que sugiere que el debate sobre sus métodos y alcances está lejos de cerrarse.
