Moto robada, fuga y un disparo de estruendo: la Policía de la Ciudad detuvo a dos adolescentes tras una persecución que atravesó Flores y terminó en el Barrio Zavaleta
Un operativo que comenzó como un control de rutina derivó en una persecución a lo largo de varios kilómetros, un disparo policial y la detención de dos jóvenes de 17 y 18 años. El hecho ocurrió en la tarde del 14 de octubre y expone una vez más la tensión permanente entre el accionar policial en zonas vulnerables de la Ciudad y el debate sobre el uso de la fuerza en procedimientos que involucran a menores de edad.
Todo comenzó cuando efectivos de la Motorizada de la Comisaría Vecinal 7 A realizaban tareas de prevención en la intersección de Bonorino y José Hernández, en el barrio de Flores. Allí detectaron a dos personas que circulaban en una motocicleta sin chapa patente, una señal de alerta que en muchos casos anticipa una situación irregular. Cuando los agentes ordenaron al conductor que se detuviera, este desobedeció y emprendió la huida.
La persecución los llevó hasta el Barrio Zavaleta, en Barracas, un asentamiento que históricamente ha sido escenario de operativos policiales de alta complejidad. La irrupción de la moto en ese territorio obligó a solicitar la intervención de los efectivos del programa de Pacificación y Protección de Barrios, un esquema de gestión de seguridad que el Gobierno de la Ciudad implementó en los últimos años para operar en zonas con alta conflictividad social.
Durante el cerco policial desplegado para interceptar a los fugitivos, uno de los agentes realizó una detonación con munición de estruendo. Según el parte oficial, como consecuencia de ello los ocupantes de la moto perdieron el equilibrio y fueron reducidos. Este punto del procedimiento merece atención: el uso de munición de estruendo en un contexto donde uno de los involucrados era menor de 17 años abre interrogantes sobre los protocolos de actuación policial en situaciones que involucran a menores.
Una vez identificada la motocicleta, una Bajaj Rouser 200, el cruce con las bases de datos policiales confirmó lo que ya se sospechaba: el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente por un robo agravado cometido en poblado y en banda, denunciado el 19 de septiembre pasado.
El destino de los dos detenidos siguió caminos distintos según su edad. El adolescente de 17 años quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional de Menores N.º 6, que dispuso su traslado al Instituto Inchausti, un hogar de contención para jóvenes en conflicto con la ley. El joven de 18 años, por su parte, debió recibir atención médica en el Hospital Penna antes de ser derivado a una dependencia policial. Ambos fueron imputados por los delitos de encubrimiento y resistencia a la autoridad.
El episodio vuelve a poner sobre la mesa una problemática que la gestión porteña enfrenta de manera permanente: la circulación de motos robadas, la actuación policial en barrios populares y la judicialización de jóvenes en situación de vulnerabilidad. El Barrio Zavaleta, epicentro del final de esta historia, es uno de los territorios donde el Estado porteño dice estar apostando a la presencia institucional como herramienta de transformación. La pregunta que queda abierta es si esa presencia llega con la integralidad que la situación requiere, o si se agota en el despliegue de uniformados.
