Celulares sin origen y casi millón y medio en efectivo: detienen a dos hombres en Constitución en medio de un operativo policial
Un operativo de prevención en pleno corazón de Constitución terminó con dos detenidos, once teléfonos de alta gama sin documentación y casi millón y medio de pesos en efectivo. El procedimiento, llevado a cabo por la División Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía de la Ciudad, reaviva el debate sobre el comercio informal de tecnología en la Ciudad de Buenos Aires y la capacidad del Estado para contener circuitos ilegales de venta que operan a la vista de todos.
Todo comenzó sobre la avenida Juan de Garay al 1300, cuando efectivos de la DIR que realizaban recorridas preventivas en la zona observaron una transacción que encendió las alarmas: dos hombres intercambiaban dinero con un tercero que se encontraba a bordo de una motocicleta. Al notar la presencia policial, el motociclista abandonó el lugar de inmediato, mientras los otros dos intentaron esquivar a los uniformados sin éxito.
La requisa, realizada ante testigos, dejó al descubierto un morral con once celulares de alta gama cuya procedencia los sospechosos no pudieron justificar bajo ningún concepto. Además, llevaban consigo $1.482.700 en billetes de distintas denominaciones, un monto que refuerza la hipótesis de una actividad comercial informal sostenida en el tiempo.
Ambos hombres, de nacionalidad china, fueron detenidos y la causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 11, a cargo del juez Ariel Lijo, con intervención de la Secretaría N.º 22, dirigida por Joaquín Cedarri.
El caso no es un hecho aislado. La venta informal de tecnología, especialmente de dispositivos móviles sin respaldo documental, constituye un fenómeno de larga data en distintos puntos del territorio porteño. La pregunta que subyace es cuánto de este mercado paralelo logra desarticularse con operativos puntuales y cuánto permanece activo en la economía subterránea de la ciudad.
En ese sentido, la actuación de la DIR pone en valor el trabajo de prevención territorial, pero también expone una tensión estructural: la proliferación de este tipo de comercio informal responde, en parte, a la brecha entre los precios de los dispositivos en el mercado legal y el poder adquisitivo de amplios sectores de la población. Un contexto que, lejos de resolverse con detenciones individuales, demanda políticas más integrales.
Por ahora, los once teléfonos y el dinero permanecen secuestrados. La investigación judicial determinará si detrás de este episodio existe una red organizada o si se trata de una operación menor dentro de un mercado gris que, en las calles de Buenos Aires, sigue funcionando a plena luz del día.
