Macri endurece su postura sindical: detuvo a metrodelegados y los responsabilizó por el caos en el subte
El conflicto entre el Gobierno de la Ciudad y los trabajadores del subte escaló este martes hasta un punto de quiebre. La detención de tres dirigentes de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP, conocidos como Metrodelegadxs) durante una protesta en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B encendió una nueva batalla entre el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y el gremio más combativo del transporte público de Buenos Aires.
El detonante fue una medida de fuerza que consistió en abrir los torniquetes y puertas de emergencia para permitir el paso gratuito de los pasajeros, en protesta por lo que el sindicato denuncia como una tercerización irregular de tareas históricamente asignadas al personal de mantenimiento. Lejos de desactivar la situación, la respuesta del Gobierno fue judicial y policial.
La fiscalía a cargo de Natalia Pla solicitó la detención de un trabajador imputado por desobediencia, quien se había atrincherado en una oficina del lugar. Cuando los efectivos intentaron ejecutar la orden, los referentes gremiales Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia intervinieron físicamente para impedirlo. Ambos fueron arrestados y trasladados al Centro de Admisión y Derivación Norte, en Chacarita, quedando luego a disposición de la Justicia.
A esos arrestos se sumó la imputación del secretario general del sindicato, Nestor Segovia, acusado de agredir a agentes de seguridad durante los forcejeos. El referente máximo del gremio, Sebastián Carrizo, permaneció atrincherado en una oficina del personal mientras el secretario de Seguridad porteño, Maximiliano Piñeiro, anunciaba en LN+ que las fuerzas de seguridad aguardaban la orden judicial para proceder a su detención.
Ante la acumulación de arrestos, la conducción gremial respondió con la medida más contundente que tiene en su arsenal: el paro total de las seis líneas de subte, que afectó a cientos de miles de usuarios en plena jornada laboral.
Jorge Macri no tardó en tomar partido. A través de su cuenta en X, el jefe de Gobierno convirtió el episodio en un mensaje político de alto voltaje: “Metrodelegados presos por parar el subte. En mi gestión, las cosas por su nombre: lo que la Justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas. El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas. No voy a permitir que estos le jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis. Ley y orden”, escribió.
El tono del mensaje es deliberadamente confrontativo. Macri elige el lenguaje de la mano dura para posicionarse ante un conflicto que, lejos de ser solo sindical, tiene implicancias políticas evidentes: los Metrodelegadxs llevan años siendo el principal escollo gremial de la Ciudad, y el Gobierno porteño acumula un historial de tensiones con el sector que nunca terminó de resolverse.
Lo que queda en el centro del debate, sin embargo, es una pregunta que el comunicado oficial no responde: si la protesta gremial que motivó las detenciones respondía a una denuncia legítima sobre tercerización de servicios, la respuesta policial frente a esa demanda no acerca ninguna solución al conflicto de fondo. Detener delegados puede ordenar la coyuntura, pero difícilmente clausure un conflicto laboral que tiene raíces estructurales en cómo se gestiona el subte de Buenos Aires.
La Ciudad optó hoy por la demostración de fuerza. El costo de esa decisión lo pagaron, una vez más, los millones de pasajeros que no pudieron usar el subte.
