El combustible corre por encima de la inflación y reabre el debate por el rol del Estado en los precios
El precio de los combustibles en la Ciudad de Buenos Aires volvió a ubicarse en el centro de la discusión económica y política. En los últimos doce meses, la nafta súper registró un aumento cercano al 64%, prácticamente el doble de la inflación acumulada en el mismo período, que ronda el 33%. La brecha no solo impacta en el bolsillo de los consumidores, sino que también tensiona la estrategia del Gobierno nacional frente a un insumo clave para toda la economía.
El dato más contundente surge de la evolución del litro de nafta súper de YPF, que pasó de $1.173 a $1.920 en CABA. El incremento, de $747 por litro en apenas un año, refleja una dinámica de precios que excede el contexto internacional y expone decisiones locales vinculadas a la desregulación del mercado y la política energética.
Si bien la reciente escalada del petróleo por el conflicto en Medio Oriente aportó presión —con subas del orden del 15% en pocas semanas—, lo cierto es que el proceso de actualización de precios en surtidores ya venía consolidándose desde antes. En ese marco, la política oficial de trasladar costos y reducir subsidios aparece como uno de los factores centrales para explicar la aceleración.
El comportamiento del mercado también deja en evidencia una estrategia empresarial clara: concentrar los aumentos en el producto más consumido. Según datos de la Secretaría de Energía, uno de cada dos litros vendidos en la Ciudad corresponde a nafta súper. No casualmente, fue el segmento que más aumentó en el último año, por encima de la premium y el gasoil.
Sin embargo, esta lógica empieza a mostrar efectos. Las ventas de nafta súper cayeron un 3% interanual en enero, mientras que la premium creció levemente. En paralelo, el gasoil común registró una baja significativa, lo que sugiere un cambio en los hábitos de consumo ante precios cada vez más exigentes.
El trasfondo político es inevitable. Gobernadores como Axel Kicillof ya reclamaron la intervención del Estado nacional para moderar los aumentos, poniendo el foco en el rol de YPF como empresa con mayoría estatal. La discusión no es menor: se trata de definir hasta qué punto el Gobierno debe intervenir en un mercado sensible o sostener una lógica de precios liberados, aun con impacto inflacionario indirecto.
En un contexto de caída del consumo y deterioro del poder adquisitivo, el precio de los combustibles se transforma en una variable clave para medir la efectividad del programa económico. No solo por su peso directo en el gasto de los hogares, sino por su efecto en cadena sobre transporte, alimentos y servicios.
Así, el surtidor deja de ser un dato más de la economía para convertirse en un termómetro político: cada aumento reaviva la discusión sobre el equilibrio entre mercado y regulación en la Argentina actual.
