La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un capítulo sensible que pone el foco en sus consumos y en la trazabilidad de su patrimonio. La Justicia federal analiza un viaje familiar a Aruba que costó cerca de 15 mil dólares y que, según consta en el expediente, fue abonado en gran parte en efectivo, una modalidad que genera interrogantes en pleno avance de la causa.
El dato central surge de un informe incorporado por la fiscalía de Gerardo Pollicita: la estadía en el Caribe, realizada entre fines de 2024 y comienzos de 2025, implicó un gasto de 8.874 dólares, pagados en efectivo a través de una agencia de viajes de la Ciudad de Buenos Aires. A eso se sumaron 5.800 dólares en pasajes aéreos. En total, el desembolso asciende a 14.696 dólares.
El punto que inquieta a los investigadores no es sólo el monto, sino la forma de pago. Según consta en la causa, una persona se presentó físicamente en la agencia y abonó el viaje en efectivo. Además, durante la estadía no se registraron consumos con tarjetas a nombre de Adorni ni de su esposa, Bettina Angeletti, lo que abre la hipótesis de que otros gastos también se hayan realizado fuera del circuito bancarizado.
En términos políticos, el caso impacta directamente sobre el discurso de transparencia que el Gobierno nacional busca sostener. El viaje ocurrió cuando Adorni era vocero presidencial, con un salario cercano a los 3 millones de pesos mensuales, lo que ahora se contrasta con el nivel de gasto detectado.
El juez Ariel Lijo ya ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario y su entorno familiar para reconstruir sus movimientos financieros. La fiscalía, por su parte, amplió el alcance de la investigación: pidió información sobre cuentas, billeteras virtuales, criptomonedas y cualquier instrumento financiero utilizado desde 2022 hasta la actualidad.
Pero el expediente no se limita al viaje. También incorpora una operación inmobiliaria en Caballito que suma tensión al caso. Allí, el hijo de una jubilada que vendió un departamento a Adorni declaró que el funcionario mantiene una deuda informal de 65.000 dólares vinculada a refacciones, sin documentación respaldatoria. El testimonio refuerza la sospecha de operaciones por fuera de los canales formales.
En este contexto, la causa avanza sobre un eje claro: determinar si el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete es compatible con sus ingresos declarados. Más allá del desenlace judicial, el caso ya abre un frente político incómodo para la Casa Rosada, en momentos donde la gestión busca consolidar credibilidad en materia de orden fiscal y transparencia.
La combinación de gastos en efectivo, operaciones inmobiliarias poco claras y movimientos financieros bajo análisis configura un escenario que trasciende lo judicial: instala un debate sobre los estándares de conducta en la función pública y el control real sobre los patrimonios de quienes ocupan cargos clave en el Estado.
