756 clausuras y un trabajador con un palo: la política de residuos de Macri bajo la lupa
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intensificó su campaña de control sobre la disposición de residuos comerciales y los números ya empiezan a hablar: 756 clausuras preventivas aplicadas a establecimientos que sacaron la basura fuera del horario permitido o utilizaron mal los contenedores. La cifra, aunque equivale apenas al 0,5% del universo de 150.000 comercios porteños, no es un dato menor: refleja una decisión política de gestión que Jorge Macri había anticipado públicamente a mediados de año y que ahora tiene consecuencias concretas sobre el tejido comercial de la ciudad.
El dato cobró mayor visibilidad a partir de un episodio que se viralizó en redes sociales. En Villa Ortúzar, sobre Montenegro al 1600, un vecino filmó a empleados de una empresa de procesamiento de pescado sacando residuos en horario no habilitado. La reacción de uno de los trabajadores fue salir al frente con un palo en mano, avanzando hacia quien grababa. El video circuló rápidamente y encendió el debate: no solo sobre el incumplimiento de las normas de higiene urbana, sino también sobre las condiciones en que se desarrollan estos enfrentamientos entre vecinos y comerciantes. La empresa fue clausurada durante 24 horas.
La normativa porteña es clara: los residuos húmedos deben disponerse de domingo a viernes entre las 19 y las 21. La franja no es caprichosa. Según el Gobierno, apunta a reducir el tiempo que las bolsas permanecen en la vía pública y a evitar la proliferación de olores, plagas y la dispersión de residuos que tanto deterioran la calidad de vida en los barrios. Sin embargo, la lógica operativa de muchos comercios choca de frente con esa ventana horaria: los cierres de negocios, restaurantes y locales gastronómicos se concentran precisamente entre las 18 y las 24, el tramo que el propio Macri señaló como el más problemático para la limpieza urbana.
Ante esa tensión, la administración porteña ofrece salidas alternativas: reorganizar turnos internos, contratar servicios privados de recolección habilitados o articular con cooperativas de reciclaje. Pero la pregunta que flota en el ambiente es si esas opciones son realmente accesibles para la mayoría de los comercios pequeños y medianos que operan en la ciudad.
A las clausuras sobre comercios se suman 698 sanciones a consorcios residenciales registradas entre el 1 de abril y el 10 de agosto, por disposición de residuos fuera de horario o en contenedores no correspondientes. El endurecimiento del esquema fiscalizador ya alcanza a prácticamente todos los actores del sistema.
El debate, lejos de quedar circunscripto a los barrios, llegó a la Legislatura porteña. La diputada María del Pilar Ramírez, de La Libertad Avanza, presentó en agosto dos proyectos de resolución para que el Poder Ejecutivo informe con detalle sobre las clausuras dispuestas desde 2024: sus causas, si hubo intimaciones previas, cuántas fueron levantadas tras la regularización de los establecimientos y cuál es el estado general de la higiene urbana en la ciudad. El pedido incluye también datos sobre el funcionamiento del sistema de recolección, los reclamos vecinales acumulados, los puntos críticos de suciedad y los controles sobre las empresas concesionarias.
La movida legislativa de Ramírez pone en evidencia algo que suele quedar fuera del relato oficial: la transparencia en la aplicación de las clausuras. ¿Se aplican de manera uniforme en todos los barrios? ¿Qué proporción de los comercios clausurados logra regularizar su situación? ¿Cuáles son los criterios reales de selección de los locales inspeccionados?
Lo que empezó como una disputa cotidiana por bolsas de basura mal ubicadas en la vereda se convirtió en una discusión de fondo sobre cómo la Ciudad fiscaliza, cómo comunica y, sobre todo, cómo rinde cuentas de sus políticas de gestión urbana. En ese cruce entre convivencia barrial, presión comercial y control estatal, la gestión de Macri deberá demostrar que el endurecimiento de los controles no es solo imagen, sino política con resultados medibles y auditables.
