La madrugada en la calle Mafalda al 900 dejó de ser silenciosa para transformarse en el estruendo de un colapso anunciado. El desplome del pulmón y las cocheras de un complejo habitacional del programa PROCREAR no es solo un accidente de infraestructura; es una radiografía cruda de las fallas en los controles de obra y la precariedad que, a veces, se esconde bajo el barniz de la “vivienda social”.
Una tragedia evitada por el azar del reloj
Cerca de las 4:45 de la mañana, mientras más de 200 vecinos descansaban, el suelo cedió. El patio interno del complejo se hundió sobre el subsuelo de cocheras, transformando un espacio de convivencia en un cráter de escombros. La ausencia de víctimas fatales o heridos responde exclusivamente a una cuestión estadística: a esa hora, el tránsito en las áreas comunes era nulo.
Sin embargo, el impacto político y social es inmediato. El operativo de emergencia, que movilizó al Grupo Especial de Rescate (GER), la división K9 y Bomberos de la Ciudad, puso en evidencia la magnitud de un siniestro que obliga a preguntar: ¿quién firmó los finales de obra de estas estructuras?
El sello PROCREAR bajo la lupa de la gestión
El hecho de que el derrumbe ocurra en un edificio del programa PROCREAR añade una carga de profundidad al debate porteño. No estamos ante una edificación antigua o un conventillo con falta de mantenimiento, sino frente a un complejo planificado por el Estado.
Este incidente reabre la discusión sobre la fiscalización de las constructoras contratadas para proyectos públicos y la responsabilidad compartida entre el Gobierno Nacional (gestor del programa) y el Gobierno de la Ciudad (encargado de las inspecciones y la habilitación de estructuras). La evacuación preventiva de las familias no solo los deja sin techo temporalmente, sino que instala la incertidumbre sobre la seguridad estructural de todo el predio ubicado detrás del estadio de Huracán.
Responsabilidades en el escombro
Mientras los peritos del puesto de comando y la Comisaría Vecinal 4 D evalúan las causas del colapso, la política porteña ya toma nota. El “daño material” mencionado por los damnificados es la punta del iceberg de un conflicto judicial y administrativo que escalará en los próximos días. Para los vecinos, la promesa de la casa propia hoy tiene grietas profundas; para la gestión pública, el derrumbe en Parque Patricios es un recordatorio de que la política habitacional no termina con la entrega de llaves, sino con la garantía de que el techo, literalmente, no se caiga encima.
