La licitación de la basura en CABA encendió la mecha sindical: Camioneros amenaza con paro y movilización el 5 de octubre
El Sindicato de Camioneros puso sobre la mesa una disputa que podría condicionar toda la renovación del servicio de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. Con una audiencia pública fijada para el próximo lunes 5 de octubre como telón de fondo, el gremio liderado por Pablo Moyano escaló sus presiones y no descarta un cese de actividades en plena jornada de debate sobre los nuevos pliegos licitatorios.
El núcleo del conflicto es concreto: el sindicato exige que la próxima concesión del servicio de higiene urbana, que comenzaría a regir en 2028 y se extendería hasta 2038, incorpore el pago de indemnizaciones para aproximadamente 6.000 trabajadores del sector. El mecanismo reclamado es conocido puertas adentro del mundo sindical como la “Ley Moyano” y funciona, según el gremio, desde los años noventa: al vencer cada concesión, la empresa saliente liquida al personal con sus correspondientes indemnizaciones, y la firma entrante los reincorpora. Un ciclo que se repite, pero que carece de respaldo legal explícito.
El costo de esa práctica no es menor. Las estimaciones más conservadoras hablan de unos 100 millones de dólares, aunque otras fuentes del sector elevan esa cifra a entre 100 y 200 millones. El sindicato pretende que ese desembolso quede incorporado en el esquema de la nueva concesión y, en última instancia, sea absorbido por el Estado porteño.
El Gobierno de la Ciudad, por ahora, no muestra señales de ceder. Según pudo saberse, la administración porteña no contempla incluir ese pago en los nuevos pliegos licitatorios que serán analizados en la audiencia pública del lunes. Esa negativa es la que disparó la ofensiva sindical.
Pablo Moyano fue directo al hablar sobre el tema: sostuvo que el cobro de indemnizaciones “se viene dando desde el año 90 y pico” y anunció la realización de asambleas en las empresas del sector para exigir que la práctica se mantenga. Más aún, dejó abierta la posibilidad de que el gremio lleve adelante un paro y una movilización justo el día en que el Gobierno porteño convocó a la audiencia pública para debatir los nuevos contratos.
La jugada sindical tiene una lógica política clara: presionar en el momento de mayor visibilidad del proceso licitatorio. La audiencia del 5 de octubre es la instancia formal donde distintos actores pueden presentar sus posiciones sobre los pliegos. Si Camioneros lleva adelante la medida de fuerza ese mismo día, la imagen de los recolectores de basura movilizados podría opacar cualquier presentación técnica del Gobierno y forzar una negociación que hoy parece bloqueada.
La Ciudad prevé adjudicar las nuevas concesiones durante 2027 para que entren en vigor al año siguiente. El proceso que defina esa adjudicación deberá resolver, antes de avanzar, si el costo laboral de la transición entre contratos recae sobre las empresas, sobre el Estado o si simplemente se ignora el reclamo sindical. Ninguna de esas decisiones está exenta de consecuencias políticas y presupuestarias.
Lo que está en juego no es solo quién se lleva los contratos de basura de una megaciudad por una década. Es también quién paga la factura de los trabajadores que sostienen ese servicio cada día y si el Gobierno porteño está dispuesto a sentarse a negociar antes de que las calles cuenten la historia a su manera.
