Devoto cierra sus puertas: Karina Milei y Jorge Macri sellaron el traspaso histórico del penal y aceleran la agenda “Ley y Orden” en la Ciudad
El Gobierno nacional y la administración porteña dieron un paso que se venía demorando desde hace años: la firma del acta de recepción provisoria del nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz marca el inicio del fin de la cárcel de Villa Devoto, uno de los penales más emblemáticos y controversiales de la Argentina. La rúbrica estuvo encabezada por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, acompañados por un nutrido gabinete de seguridad y justicia de ambas jurisdicciones.
El acuerdo establece la conformación de un Comando Unificado Federal para gestionar el traslado de los internos alojados actualmente en Devoto hacia las nuevas instalaciones bonaerenses. El operativo, bajo la coordinación del Servicio Penitenciario Federal (SPF) con el apoyo de las Fuerzas Federales de Seguridad, contempla la evaluación de perfiles individuales de los reclusos, protocolos de seguridad en ruta y planes de contingencia. No es un traslado sencillo: Devoto alberga una población penal heterogénea, con internos de distintos perfiles de riesgo, lo que convierte a la logística en un desafío institucional de primera magnitud.
Jorge Macri celebró el avance como el cumplimiento de una demanda histórica de los vecinos del barrio que conviven hace décadas con el penal en pleno tejido urbano porteño. “Esta obra permite el cierre definitivo de la cárcel de Devoto”, afirmó el jefe comunal, al tiempo que destacó la articulación con el Ejecutivo nacional. La narrativa oficial apunta a presentar el cierre como una política de modernización penitenciaria, aunque el trasfondo político del acuerdo entre Nación y Ciudad en un año preelectoral no es un detalle menor.
El predio liberado por el cierre del penal abre, además, una discusión estratégica sobre el uso del suelo en plena Capital Federal. Desde el Gobierno porteño anticipan que el espacio podría destinarse a zonas verdes y proyectos de reurbanización, una promesa que deberá atravesar la prueba de los hechos y el escrutinio legislativo.
Pero el cierre de Devoto no es la única movida de la Ciudad en materia de seguridad. En simultáneo con la firma del acta, el Ejecutivo porteño remitió a la Legislatura un proyecto de reforma integral del Código Contravencional. La iniciativa, parte del eje “Ley y Orden” que vertebra la gestión de Macri, endurece sustancialmente el régimen de sanciones: extiende los plazos de arresto efectivo, impone multas millonarias para la venta ambulante sin habilitación y eleva hasta 90 días de detención la pena para los denominados “trapitos” reincidentes.
El punto más sensible del proyecto es la incorporación de un régimen contravencional para adolescentes desde los 14 años, en sintonía con las modificaciones al Régimen Penal Juvenil impulsadas a nivel nacional. La propuesta combina amonestaciones, tareas de utilidad pública y acompañamiento interdisciplinario, pero la edad de imputabilidad proyectada ya encendió el debate en organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición legislativa.
La convergencia de ambas decisiones, el cierre de Devoto y la reforma contravencional, traza con claridad la hoja de ruta de seguridad que Nación y Ciudad comparten de cara al ciclo electoral que se aproxima. El interrogante que queda abierto es si la retórica del orden se traducirá en políticas efectivas o si, como ocurrió con tantas promesas penitenciarias en la Argentina, el tiempo y la burocracia terminarán demorando lo que hoy se presenta como un quiebre histórico.
