Menos burocracia para las PyMEs porteñas: en la Legislatura avanzan con una plataforma digital que unificaría todos los trámites
Un proyecto ingresado en la Legislatura de la Ciudad propone crear una herramienta digital única para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan gestionar habilitaciones, permisos, información fiscal y acceso a programas de financiamiento desde un solo lugar. La iniciativa apunta a cortar de raíz uno de los problemas históricos del ecosistema empresarial porteño: la multiplicación de cargas administrativas que ralentiza, encarece y desalienta la actividad productiva.
El proyecto fue presentado por el legislador Francisco Caporiccio, con la coautoría de Matías Lammens y Claudia Neira, bajo el expediente 3039-D-2026, ingresado el 29 de septiembre. La propuesta lleva el nombre de “Plataforma Integral PyME” y plantea un esquema de simplificación administrativa con plazos concretos, mecanismos de control y un principio que, de aprobarse, podría cambiar radicalmente la relación entre el Estado porteño y el sector privado: el principio de “una sola vez”.
¿De qué se trata? Simple: ningún organismo que integre la plataforma podría volver a pedirle a una empresa documentación o información que ya figure en su legajo digital. La excepción sería válida únicamente cuando la documentación esté desactualizada, exista una imposibilidad técnica o una norma lo exija expresamente. Y en esos casos, el organismo deberá dejar constancia del motivo. Además, la autoridad de aplicación tendrá que informar trimestralmente cuántas veces y por qué se aplicaron esas excepciones.
La plataforma se organizaría en torno a dos legajos digitales. El primero, de carácter administrativo, concentraría trámites, habilitaciones, permisos, registros e inspecciones. El segundo, de naturaleza fiscal y tributaria, reuniría información sobre vencimientos, deudas, planes de regularización y beneficios, en articulación con la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP). Ambos deberán respetar las normas de protección de datos personales y secreto fiscal.
La incorporación de trámites a la plataforma seguiría un cronograma escalonado. En los primeros seis meses desde la reglamentación se sumarían los procesos de baja complejidad. Dentro de los 12 meses deberían integrarse habilitaciones, permisos y registros. Y en un plazo de 24 meses llegaría el turno de los trámites vinculados a administración tributaria, fiscalización y empleo, que requieren mayor integración con sistemas ya existentes.
Lejos de proponer una infraestructura paralela, el proyecto contempla la articulación con herramientas ya vigentes como Trámites a Distancia (TAD), el Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) y, a nivel nacional, el Legajo Único Financiero y Económico (LUFE). La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, que tendría 180 días desde la promulgación para reglamentar la ley.
En términos de transparencia y seguimiento, la iniciativa obliga a publicar indicadores trimestrales sobre trámites iniciados, tiempos de resolución, empresas asistidas y procesos de formalización. También prevé la elaboración de un Informe Anual de Simplificación Productiva, que debería detallar avances, obstáculos y propuestas de mejora pendientes.
La plataforma también tendría un rol de promoción. El proyecto plantea crear un Inventario Único de Programas y Herramientas de Desarrollo PyME, que centralizaría el acceso a líneas de crédito, subsidios, capacitación, programas de empleo, internacionalización e innovación. Ese inventario debería actualizarse cada tres meses como máximo, y podría enviar alertas personalizadas a las empresas sobre la apertura o vencimiento de beneficios.
En un contexto en el que la informalidad y la carga burocrática siguen siendo barreras reales para el crecimiento del sector productivo, la propuesta pone sobre la mesa una pregunta que la política porteña deberá responder: ¿está la Ciudad dispuesta a reorganizar su propio aparato administrativo en función de las necesidades de quienes generan empleo y actividad económica?
