El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dispuso que todos los legisladores que finalicen su mandato deberán devolver sus despachos, oficinas, mobiliario y equipos antes del 10 de diciembre. La medida apunta a terminar con la histórica “herencia” de espacios y negociaciones informales entre diputados salientes y entrantes.
La resolución, firmada el 14 de noviembre de 2025, se enmarca en la renovación parlamentaria y apunta a reorganizar la estructura edilicia del Congreso. Además, refuerza la responsabilidad individual de cada legislador sobre los bienes públicos asignados, tal como exigen la Ley 24.156 de Administración Financiera, la Ley 25.188 de Ética Pública y la normativa patrimonial interna de Diputados.
Según el texto, la obligación de restituir mobiliario, equipos informáticos y oficinas es personal e indelegable, aun cuando los diputados hayan designado responsables patrimoniales durante su gestión. El incumplimiento afecta la administración de recursos públicos y la transparencia institucional, advirtió la Presidencia.
Plazos y sanciones
Los diputados que dejan su banca deberán devolver todos los bienes asignados hasta el 9 de diciembre. Si el cese se produce por otros motivos, el plazo será de 48 horas desde la notificación.
Las autoridades de todos los bloques también deberán restituir los espacios utilizados bajo el mismo cronograma, para facilitar la reestructuración edilicia y la reasignación de oficinas según criterios de funcionalidad y eficiencia.
La resolución fija sanciones económicas estrictas: si un legislador no devuelve los bienes asignados, se descontará de su última dieta el valor total de los elementos faltantes, de acuerdo con la valuación patrimonial vigente.
Si la suma supera el monto del último salario y el diputado no paga la diferencia, la Cámara podrá iniciar acciones judiciales para recuperar los bienes o su valor. El Servicio Jurídico Permanente y el Departamento de Patrimonio serán los encargados de ejecutar estas medidas.
Responsabilidad patrimonial y fin de la “herencia”
La decisión busca poner fin a la práctica de “negociar” despachos entre legisladores, una costumbre que generaba conflictos internos y falta de transparencia. El objetivo es que todos los espacios y recursos sean redistribuidos bajo criterios institucionales, no personales.
La resolución también aclara que la última dieta solo será acreditada una vez efectuada la devolución completa de los bienes.
Con esta medida, la Cámara de Diputados apunta a reforzar la rendición de cuentas, ordenar la utilización de los recursos públicos y evitar que los espacios legislativos se conviertan en un patrimonio de hecho para quienes dejan su cargo.
