La Ciudad de Buenos Aires tiene hoy la planta de empleados públicos más reducida de los últimos diez años. No es un dato menor: implica que la administración porteña retrocedió en cantidad de agentes hasta un nivel que no se registraba desde 2015, y que la gestión de Jorge Macri consolidó esa tendencia con una velocidad que ninguna administración anterior había alcanzado.
El último capítulo de esa historia fue el anuncio de la eliminación de 359 cargos gerenciales, lo que equivale a más del 20% del total de esa estructura jerárquica. Sumado a las medidas anteriores, el recorte acumulado desde que Jorge Macri asumió la jefatura de Gobierno asciende a 8.954 puestos, un 15% menos de la dotación total con la que contaba el Estado porteño al inicio de su mandato.
El propio Macri salió a enmarcar la decisión con énfasis político: “La eficiencia del Estado no solo es una cuestión técnica: es un deber moral con los porteños que lo sostienen con su trabajo. Esto también es orden.” La frase condensa la lógica que el gobierno porteño instaló como narrativa central de su gestión: la reducción del empleo público no como ajuste, sino como responsabilidad cívica.
El argumento oficial detrás del recorte gerencial apunta a la digitalización. La automatización de trámites que antes demandaban supervisión presencial y múltiples capas de gestión habría dejado sin función real a buena parte de esos cargos. El Estado, en esa lectura, simplemente se reorganizó para acompañar una transformación tecnológica que ya había ocurrido en la práctica.
El impacto presupuestario acompaña el relato. El gasto en remuneraciones al personal pasó de representar el 44% del presupuesto total de la Ciudad en 2023 al 41% en la actualidad. Tres puntos porcentuales que, en términos del volumen presupuestario porteño, significan una cifra considerable redirigida hacia otras áreas.
Pero la reducción de la planta no fue el único frente de intervención. La gestión desplegó en paralelo un conjunto de herramientas orientadas al control y la eficiencia del personal existente. Se instalaron relojes biométricos en más de 1.200 escuelas para registrar la presencia docente mediante huella digital, un sistema que también se replicó en los establecimientos administrativos. Para el personal que trabaja en la vía pública, se implementó la Hoja de Ruta Electrónica, que permite registrar la asistencia desde el celular.
El control de las licencias médicas fue otro vector de la reforma. A principios de 2025, el gobierno modificó el procedimiento de fiscalización para toda la administración pública porteña. El resultado, según los datos oficiales, fue una reducción del 28% en la cantidad de días solicitados por ese concepto respecto del año anterior. El Ejecutivo atribuye directamente esa caída al nuevo esquema de control.
En el otro extremo de la ecuación, la gestión incorporó una apuesta por la capacitación y la jerarquización del personal que sí permanece en funciones. Más de 15.000 agentes en calle —policías, agentes de tránsito, de prevención e inspectores— recibieron formación durante 2025 y los primeros meses de 2026. Y el Programa de Especialistas Profesionales (PEP), destinado a retener perfiles técnicos y universitarios dentro del Estado, ya contaba con 1.326 participantes al momento del último anuncio.
El cuadro que surge de estas medidas es el de una administración que eligió la reducción del aparato estatal como eje vertebrador de su gestión, combinando recorte de cargos, digitalización y mayor control del personal. Lo que el gobierno llama modernización, la oposición y los sindicatos del sector público lo leen como un desmantelamiento sostenido del empleo estatal. El debate sobre cuál de esas dos lecturas se ajusta mejor a la realidad porteña está lejos de cerrarse.
