Escala la causa por los vuelos de Adorni: contradicciones clave y foco en posibles favores cruzados
La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un elemento que complica su posición: el testimonio de una secretaria vinculada al piloto que gestionó el vuelo privado desde Punta del Este. La declaración no solo contradice la versión oficial del funcionario, sino que también refuerza una de las hipótesis más sensibles del caso: la posible existencia de beneficios cruzados entre el poder político y actores con contratos estatales.
Según lo declarado ante la Justicia, el viaje no habría sido abonado por Adorni, como él mismo aseguró públicamente, sino por el periodista Marcelo Grandio, un nombre con vínculos cercanos al oficialismo. La testigo afirmó que el propio Grandio le indicó que se trataba de una “invitación” y que incluso pidió que no se emitiera factura, algo que finalmente se concretó de manera tardía.
El dato no es menor. En términos políticos, pone en discusión los límites entre la vida privada de los funcionarios y los potenciales conflictos de interés. Grandio, a través de su productora, mantiene relaciones contractuales con la TV Pública, lo que abre interrogantes sobre si el pago del vuelo podría encuadrarse en una retribución indirecta por decisiones o influencias dentro del Estado.
La causa, que tramita en el juzgado de Ariel Lijo, también sumó la declaración del piloto Agustín Issin Hansen, quien ratificó que el vuelo fue efectivamente pagado por Grandio. Además, detalló irregularidades en la facturación: el tramo de regreso fue abonado en efectivo, mediante un tercero, y documentado a través de mensajes de WhatsApp en lugar de comprobantes formales.
En paralelo, la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la TV Pública para recolectar documentación vinculada a la productora de Grandio añade un condimento institucional. No se trata solo de un caso individual, sino de una investigación que empieza a rozar estructuras del Estado y posibles circuitos de financiamiento poco transparentes.
Desde el entorno de Adorni sostienen su versión inicial: que los gastos fueron cubiertos de su bolsillo. Sin embargo, la acumulación de testimonios en sentido contrario debilita esa defensa y eleva el costo político para el Gobierno, que ha hecho de la austeridad y la transparencia una bandera central de gestión.
El expediente todavía está en una etapa preliminar, pero ya plantea escenarios delicados: desde negociaciones incompatibles con la función pública hasta un eventual enriquecimiento ilícito. En ese marco, la posible citación de Grandio como imputado podría marcar un punto de inflexión.
Más allá del desenlace judicial, el caso impacta en la credibilidad del discurso oficial. En un contexto donde el Gobierno busca sostener su narrativa anticasta, cualquier indicio de privilegios o favores personales adquiere una dimensión política que excede lo estrictamente legal.
