Martín Menem anticipa un Congreso en modo batalla y blinda a Adorni en medio de la presión judicial
La previa del informe de gestión de Manuel Adorni ya se convirtió en un episodio político en sí mismo. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no solo confirmó que la sesión del 29 de abril será de alta tensión, sino que eligió encuadrarla como una confrontación abierta entre oficialismo y oposición. “Va a ser picante. Compren pochoclos”, lanzó, en una frase que sintetiza tanto el clima que se espera en el recinto como la estrategia discursiva del Gobierno.
Detrás del tono provocador hay una decisión política clara: sostener al jefe de Gabinete en medio de las investigaciones judiciales por su patrimonio y, al mismo tiempo, convertir su presentación en el Congreso en un escenario de disputa narrativa. Para el oficialismo, no se trata solo de responder preguntas —ya se acumulan más de 4.800— sino de evitar que la oposición imponga la agenda pública a partir de las denuncias.
Menem planteó que existe una estrategia opositora orientada a erosionar la gestión a través de dos vías: instalar un clima de frustración social y “igualar hacia abajo” a toda la dirigencia. En ese marco, el respaldo a Adorni excede lo personal y se vuelve un gesto político hacia adentro y hacia afuera: blindar a uno de los funcionarios más expuestos y, al mismo tiempo, enviar una señal de cohesión interna.
La escena se vuelve aún más relevante en clave electoral. Con la mirada puesta en 2027, el titular de Diputados dejó entrever que La Libertad Avanza buscará ampliar su base en la provincia de Buenos Aires mediante alianzas con sectores no peronistas. El antecedente que evocó —la victoria de María Eugenia Vidal en 2015— no es casual: apunta a un escenario de fragmentación opositora donde un armado competitivo pueda imponerse sin mayorías amplias.
En paralelo, Menem defendió los ejes de gestión del Gobierno, desde la implementación de la boleta única de papel hasta la intención de eliminar o suspender las PASO para reducir costos. También reivindicó reformas como la de la ley de glaciares y puso el foco en el equilibrio fiscal como límite a cualquier iniciativa legislativa, marcando diferencias con proyectos impulsados por la oposición.
En el plano institucional, el presidente de la Cámara baja abrió debates sensibles, como la eventual ampliación de la Corte Suprema —aunque descartó avances en el corto plazo por falta de votos— y la necesidad de cubrir vacantes judiciales que afectan el funcionamiento del sistema. Incluso reconoció problemas internos en el Congreso, como el uso político de las cuestiones de privilegio y la falta de herramientas para ordenar el debate.
El mensaje final es doble. Por un lado, el oficialismo se prepara para una sesión incómoda, con un funcionario clave bajo presión judicial y política. Por otro, apuesta a capitalizar ese conflicto como parte de su identidad: confrontar, resistir y convertir cada instancia institucional en una disputa de poder. El Congreso, lejos de ser un ámbito de negociación, se encamina a ser —una vez más— el escenario central de esa tensión.
