El conflicto entre el sistema universitario público y el gobierno de Javier Milei entra en una fase más aguda. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) confirmó un paro nacional de una semana, del 25 al 31 de mayo, en respuesta a lo que denuncian como un incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la paralización total de las paritarias. La medida impactará de lleno en universidades de todo el país, incluidas las principales casas de estudio de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.
La decisión, tomada por el plenario de secretarios generales del gremio, expone un problema que ya trasciende lo salarial y se instala en el terreno político: la sostenibilidad del sistema universitario bajo el actual esquema de ajuste fiscal. Desde CONADU sostienen que el Gobierno nacional no solo evitó actualizar salarios desde fines de 2024, sino que además recortó en términos reales los presupuestos de funcionamiento, afectando el normal desarrollo académico.
El dato más contundente que ponen sobre la mesa es la caída del 34% del poder adquisitivo de los docentes universitarios desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza. En ese contexto, advierten que muchos cargos iniciales ya se ubican por debajo de la línea de pobreza, lo que tensiona no solo la continuidad de las clases, sino también la capacidad del sistema para retener profesionales calificados.
El trasfondo político del conflicto se vuelve aún más evidente al contrastar el discurso oficial con la realidad presupuestaria. Mientras Milei mantiene una agenda activa en ámbitos académicos privados y foros internacionales, el sistema público —históricamente un eje de movilidad social en Argentina— enfrenta un escenario de desfinanciamiento que ya genera advertencias institucionales.
En esa línea, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a rectores de todo el país, alertó que lo que está en juego no es únicamente una discusión salarial, sino el modelo de país. La advertencia no es menor: sin una recomposición presupuestaria, el inicio del segundo cuatrimestre podría verse comprometido, abriendo la puerta a un conflicto aún mayor.
El plan de lucha no se limitará al paro. Durante esa semana se prevén clases públicas, protestas y acciones de visibilización, con epicentro también en la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellas, una movilización frente al Palacio Pizzurno para exigir la reapertura del diálogo con el Ministerio de Capital Humano.
Además, el frente gremial busca ampliar la base del reclamo articulando con otros sectores. La adhesión a la Marcha Federal de Salud y la participación en el lanzamiento del Frente Educativo Nacional marcan una estrategia de acumulación política que podría escalar el conflicto más allá del ámbito universitario.
Así, el paro docente no solo interrumpe el calendario académico: se convierte en un nuevo capítulo del choque entre el Gobierno y sectores clave del Estado, donde la discusión por el ajuste fiscal empieza a traducirse en costos concretos sobre servicios públicos esenciales.
