Ascensores y escaleras del subte bajo la lupa: la Legislatura porteña exige respuestas sobre accesibilidad y mantenimiento
La red de subterráneos de Buenos Aires vuelve a estar en el centro del debate político. Legisladores de La Libertad Avanza presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo porteño para que explique, en detalle y con datos concretos, cuál es el estado real de los ascensores y escaleras mecánicas que integran la infraestructura del subte. La iniciativa, encabezada por la legisladora Silvia Imas, pone el foco en una deuda histórica de la gestión urbana: la accesibilidad efectiva para todos los usuarios de la red.
El proyecto exige que el Gobierno de la Ciudad responda en un plazo máximo de 30 días. Entre los puntos que deberá informar se incluyen la cantidad total de equipos en funcionamiento, su ubicación por estación, el historial de interrupciones durante el último año, las causas de cada falla y el tiempo que cada ascensor o escalera mecánica permaneció fuera de servicio. Una batería de preguntas que, en su sola formulación, da cuenta de una realidad que los usuarios conocen de sobra: la discontinuidad de estos servicios es moneda corriente en el subte porteño.
Pero el pedido va más allá del diagnóstico técnico. También apunta directamente a la cadena de responsabilidades: qué empresas están a cargo del mantenimiento, qué contratos rigen esas obligaciones, qué estándares de servicio deben cumplirse y, fundamentalmente, si se aplicaron penalidades ante los incumplimientos. En otras palabras, la Legislatura quiere saber si el Gobierno porteño hizo cumplir los contratos o si miró para otro lado mientras los equipos permanecían paralizados.
El eje de accesibilidad es quizás el más sensible del proyecto. La iniciativa solicita que se detalle con precisión qué estaciones ofrecen un recorrido accesible completo, desde la calle hasta el andén, sin interrupciones. Y, en los casos donde esa continuidad no existe, qué pasa cuando un ascensor falla: ¿hay protocolos de asistencia? ¿Existe una respuesta institucional para las personas con discapacidad, adultos mayores, embarazadas o quienes se desplazan con cochecitos de bebé? La pregunta no es menor: para estos usuarios, un ascensor fuera de servicio no es un inconveniente, es una barrera que los excluye directamente del sistema.
El proyecto también pide datos sobre los reclamos formales que ingresaron por fallas en estos equipos y sobre los planes de renovación o modernización previstos para los próximos dos años. A esto se suma la solicitud de conocer en qué medida el Gobierno porteño cumple con las disposiciones de accesibilidad establecidas en el propio Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad, junto con el estado de avance de las obras en curso y las que todavía no arrancaron.
El pedido de informes es, por naturaleza, una herramienta legislativa de control. No crea obligaciones nuevas ni modifica contratos. Pero obliga al Ejecutivo a poner en blanco y negro una situación que, para miles de porteños con movilidad reducida, representa una problemática cotidiana y urgente. La respuesta del Gobierno, o su eventual demora, dirá mucho sobre la prioridad real que la gestión le asigna a la accesibilidad en el transporte público de la Ciudad.
