La decisión del Gobierno nacional de actualizar los impuestos a los combustibles vuelve a poner en tensión el delicado equilibrio entre recaudación fiscal, inflación y costo de vida. Desde mayo, un nuevo esquema impositivo impactará directamente sobre el precio de la nafta en la Ciudad de Buenos Aires, con un dato políticamente sensible: el litro podría superar por primera vez la barrera simbólica de los $2.000.
El ajuste fue oficializado mediante un decreto que incrementa tanto el impuesto a los combustibles líquidos como el gravamen al dióxido de carbono. En términos concretos, la suba suma poco más de $11 por litro. Aunque el monto puede parecer acotado, su efecto no es menor en un contexto donde cada movimiento en los surtidores tiene impacto directo en la inflación y en el humor social.
La clave, sin embargo, no está solo en la decisión del Ejecutivo sino en cómo reaccionen las empresas del sector. El Gobierno optó por avanzar con la actualización tributaria —postergada en meses anteriores— pero dejó en manos de las petroleras la definición final: absorber el costo o trasladarlo al consumidor. En ese juego, el rol de YPF resulta determinante.
La petrolera con mayoría estatal venía funcionando como ancla de precios en el mercado, manteniendo la nafta súper en $1.999 en CABA, incluso cuando el resto de las compañías se ubicaban por encima. Esa estrategia, impulsada en medio de la volatilidad internacional por el conflicto en Medio Oriente, permitió contener parcialmente el impacto inflacionario en abril. Pero el nuevo escenario fiscal reabre interrogantes.
Fuentes del sector anticipan que YPF difícilmente pueda sostener ese “buffer” sin afectar su ecuación económica, lo que habilitaría un ajuste que empuje el precio por encima de los $2.000. De confirmarse, no sería solo un dato económico: marcaría un punto de inflexión político en la gestión de los combustibles, un rubro históricamente sensible para cualquier administración.
El trasfondo de la medida también revela una necesidad fiscal. La actualización de estos impuestos responde a un esquema de recomposición de ingresos que el Estado había postergado, en parte para evitar un traslado directo a precios en meses anteriores. Ahora, la decisión parece alinearse con una estrategia de normalización tributaria, aun a riesgo de sumar presión inflacionaria.
En paralelo, el impacto no se limita al automovilista. El precio de los combustibles es un insumo transversal que incide en transporte, logística y costos productivos. Por eso, cada ajuste tiene un efecto multiplicador que puede trasladarse a góndolas y servicios en cuestión de semanas.
Así, la medida expone una tensión clásica de la política económica argentina: la necesidad de recaudar sin desatar nuevas escaladas de precios. Con las petroleras como actor clave y YPF en el centro de la escena, el Gobierno vuelve a jugar una carta delicada en un tablero donde cada peso cuenta —y cada decisión también.
