En un gesto poco habitual dentro del discurso oficial, el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el dato de actividad de febrero “dio mal”, aunque buscó relativizar el impacto al enmarcarlo dentro de una supuesta tendencia de crecimiento previa. La admisión, realizada en la apertura de ExpoEFI 2026 en la Ciudad de Buenos Aires, expone una tensión central en la estrategia económica del Gobierno: sostener el relato de recuperación mientras emergen señales de enfriamiento.
Caputo insistió en que la economía venía de “números récord”, pero el reconocimiento de la caída abre interrogantes sobre la consistencia del programa económico, especialmente en un contexto donde el ajuste fiscal y la contracción del consumo empiezan a mostrar efectos concretos en la actividad.
El ministro buscó compensar ese dato negativo con proyecciones optimistas, apoyadas en sectores como el agro, la energía y la minería. Destacó un “boom” en la producción agropecuaria y proyectó superávits millonarios a mediano plazo, con cifras que, según su visión, podrían transformar la matriz económica argentina. Sin embargo, ese enfoque refuerza una dependencia estructural de sectores primarios, un punto históricamente cuestionado en el debate económico local.
En paralelo, Caputo anticipó una desaceleración de la inflación a partir de abril, tras el 3,4% registrado en marzo. La explicación oficial se apoya en variables financieras como la tasa de interés y el comportamiento del tipo de cambio, aunque en la práctica el traslado a precios y la dinámica del consumo siguen siendo factores inciertos.
Otro eje sensible de su exposición fue el mercado laboral. El ministro afirmó que se crearon más de 300 mil empleos desde 2023, pero admitió que la mayoría corresponde al sector informal. Este dato no es menor: evidencia que la recuperación del empleo se da en condiciones de precariedad, mientras el empleo registrado continúa rezagado. La reciente reforma laboral fue presentada como respuesta a este fenómeno, aunque su efectividad aún está por verse.
En cuanto a los salarios, Caputo reconoció diferencias según la medición y admitió que el sector público es el más golpeado. Este punto conecta directamente con el impacto social del ajuste, particularmente en áreas sensibles del Estado.
Finalmente, el funcionario remarcó la llegada de inversiones y el interés de actores internacionales como señales de confianza en el rumbo económico. También anticipó privatizaciones y concesiones por unos USD 2.000 millones, una definición que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el rol del Estado en sectores estratégicos.
En síntesis, el discurso de Caputo combinó autocrítica moderada con fuertes apuestas a futuro. Pero el reconocimiento del freno en la actividad marca un límite concreto: la política económica enfrenta ahora el desafío de sostener expectativas en un escenario donde los resultados empiezan a ser más discutidos.
