Constitución bajo la lupa: el Gobierno de Jorge Macri desalojó un conventillo ocupado hace seis años con antecedentes penales y denuncias de narcoactividad
Un operativo en O’Brien al 1269 volvió a poner en el centro del debate la política de recuperación de inmuebles del Ejecutivo porteño: casi 990 propiedades intervenidas desde diciembre de 2023, pero el problema estructural del barrio sigue sin resolverse de raíz.
El miércoles 14 de octubre, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejecutó un nuevo desalojo en el barrio de Constitución. El inmueble en cuestión, ubicado en O’Brien 1269/1271 esquina Salta, era un conventillo de dos plantas que llevaba más de seis años ocupado ilegalmente. Según el comunicado oficial, cuatro de sus ocupantes habían recuperado la libertad apenas una semana antes de la intervención: tres de ellos con antecedentes vinculados al narcotráfico y uno con condena por homicidio y lesiones.
El operativo fue multisectorial. Participaron la Policía de la Ciudad, la Dirección General de Fiscalización y Control, la Guardia de Auxilio y Emergencias, y personal del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Este último organismo quedó a cargo de asistir a quienes habitaban el lugar, aunque el Gobierno no precisó cuántas personas fueron desplazadas ni cuál será su situación habitacional a partir de ahora. Ese silencio, en un barrio históricamente atravesado por la vulnerabilidad social, no es un dato menor.
La Guardia de Auxilio clausuró el edificio por riesgo de derrumbe, tras verificar daños estructurales que representaban un peligro real para sus ocupantes. Las condiciones de higiene dentro del inmueble también fueron calificadas como deficientes por las autoridades.
El operativo se enmarca en una política que la gestión de Jorge Macri exhibe como uno de sus principales logros de seguridad urbana: la recuperación de propiedades usurpadas. Con este procedimiento, el Ejecutivo porteño contabilizó 990 inmuebles intervenidos desde que asumió en diciembre de 2023, una cifra que el propio jefe de Gobierno utiliza con frecuencia como indicador de gestión.
No es el primer golpe reciente en Constitución. Semanas atrás, el Gobierno había recuperado un hotel en Sáenz Peña al 1700, usurpado durante 21 años, y también desplegó una serie de allanamientos en el barrio que derivaron en 17 detenidos y el secuestro de casi 9.000 dosis de cocaína y pasta base. El mapa de Constitución, uno de los territorios más complejos de la Comuna 1, aparece cada vez más en los comunicados de prensa del Ejecutivo porteño.
Ahora bien, la pregunta que subyace detrás de cada comunicado oficial es más difícil de responder: ¿los desalojos y los operativos de seguridad resuelven la problemática de fondo, o simplemente desplazan el conflicto? Constitución concentra décadas de abandono habitacional, déficit de infraestructura y dinámicas de exclusión que ningún operativo policial puede resolver por sí solo. La gestión acumula cifras, pero la transformación estructural del barrio sigue siendo una deuda pendiente.
Lo que sí queda claro es que el Gobierno de Jorge Macri encontró en la recuperación de inmuebles una narrativa potente de cara a la opinión pública. La pregunta es si detrás de esa narrativa hay una política integral o simplemente una sucesión de procedimientos que se acumulan en los boletines de prensa.
