Treinta años de ocupación y un operativo judicial: el Gobierno porteño desalojó un edificio de ocho pisos en Núñez
Un inmueble en estado de abandono casi total, sin luz ni gas, con historial de incendios y más de un centenar de personas viviendo en condiciones precarias. Esa era la postal del edificio ubicado en Manuela Pedraza 1875, en el barrio de Núñez, hasta este lunes, cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejecutó un operativo de desalojo ordenado por la Justicia y puso fin a tres décadas de ocupación irregular.
El inmueble, de ocho pisos y 32 departamentos, está emplazado en la Comuna 13, a pocos metros de la estación Núñez del ferrocarril Mitre. Según confirmó el Ejecutivo porteño, más de 100 personas habitaban el lugar, en su mayoría provenientes de Perú, Bolivia y Paraguay. Las condiciones del edificio, detectadas durante una inspección realizada en abril, eran alarmantes: ausencia total de servicios básicos, acumulación de residuos y chatarra, y antecedentes de siniestros dentro de la propiedad.
El operativo convocó a efectivos de la Policía de la Ciudad junto a personal de la Agencia Gubernamental de Control, del área de Emergencias, la Red de Atención, la Guardia de Auxilio y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Una vez concretado el desalojo, el edificio fue limpiado y sus accesos tapiados para evitar nuevas intrusiones.
Una política de gestión que suma números
El caso de Núñez no es un hecho aislado. Desde diciembre de 2023, la administración que encabeza Jorge Macri acumula 937 propiedades restituidas a sus dueños, según los datos oficiales difundidos tras este último operativo. El valor agregado de esos inmuebles, de acuerdo con las estimaciones del Gobierno porteño, ronda los 500 millones de dólares.
Los barrios con mayor concentración de procedimientos son Constitución, Balvanera —particularmente en la zona de Once—, San Telmo, La Boca, Almagro y Palermo. La Ciudad también encuadra estas intervenciones dentro de su agenda de seguridad y ordenamiento del espacio público, que incluye desalojos de manteros en parques, plazas y corredores comerciales, además de operativos de saturación en distintos puntos del territorio porteño y en los accesos limítrofes con la provincia de Buenos Aires.
Tras el procedimiento en Núñez, Jorge Macri reafirmó el rumbo de su gestión: sostuvo que los operativos de recuperación de inmuebles continuarán y subrayó la defensa de la propiedad privada como uno de los ejes centrales de su administración.
El debate que subyace
Sin embargo, la política de desalojos masivos no está exenta de tensiones. La restitución de más de 900 propiedades en menos de tres años plantea interrogantes que el Gobierno porteño no termina de responder con la misma contundencia con la que difunde sus cifras: ¿qué ocurre con las personas desalojadas? ¿Cuántas de ellas acceden a soluciones habitacionales concretas? ¿Cuál es el seguimiento que se realiza sobre las familias con menores de edad involucradas?
La presencia del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el operativo de Núñez indica que el propio Estado reconoce la existencia de una población vulnerable en esos edificios. Pero la narrativa oficial pone el acento en la defensa de la propiedad privada y el orden urbano, mientras que el debate sobre el acceso a la vivienda y las condiciones estructurales que generan estos asentamientos queda, por ahora, fuera del centro de la escena.
