Desalojo en Monte Castro: el Gobierno de Macri avanza sobre un predio público ocupado por familias sin documentación habilitante
El Ejecutivo porteño firmó un decreto para recuperar un inmueble de dominio público en la Comuna 10. Meses de intimaciones sin respuesta y descargos que no alcanzaron para frenar el operativo.
Con la firma del jefe de Gobierno Jorge Macri al frente, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires formalizó la semana pasada la orden de desocupación administrativa de un inmueble ubicado en el barrio de Monte Castro, en la Comuna 10. El Decreto N.º 340/26, publicado el viernes 25 de septiembre en el Boletín Oficial porteño, dispone la recuperación de un predio de dominio público con accesos por Moliere 1810 y Santo Tomé 5517, donde según el relevamiento oficial residían varios grupos familiares sin respaldo documental que legitimara su permanencia.
El proceso no fue inmediato. La administración porteña había iniciado el camino meses antes: el 18 de junio intimó formalmente a los ocupantes para que presentaran documentación que justificara el uso del inmueble, bajo advertencia explícita de avanzar con el recupero. Ante la falta de respuesta satisfactoria, el 24 de julio se formalizó la notificación de restitución del predio. Algunos de los ocupantes se presentaron y realizaron sus descargos, pero la evaluación administrativa concluyó que ninguno aportó elementos que modificaran la situación de ocupación irregular y que no existía perspectiva concreta de restitución voluntaria.
El decreto es contundente en su alcance: ordena la desocupación inmediata de personas, subocupantes, animales, instalaciones y bienes presentes en el lugar. También exige que durante el operativo se labre un acta notarial que documente la restitución de la tenencia y un inventario detallado de los bienes muebles, con su estado de conservación y eventual destino de traslado.
La operación no será solo policial ni administrativa en sentido estricto. La Dirección General Administración de Bienes deberá coordinar con múltiples organismos del Estado porteño: la Red de Atención Social, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el SAME, la Guardia de Auxilio y Emergencias, Gestión Animal y la Escribanía General, entre otros. El decreto también habilita expresamente el auxilio de la fuerza pública si las circunstancias lo requieren.
El fundamento jurídico que esgrime el Ejecutivo porteño es el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, que consagra el principio de ejecutoriedad de los actos administrativos. En ese marco, el Gobierno sostiene que el inmueble pertenece al dominio público porteño y que sus ocupantes carecen de cualquier permiso o título habilitante.
El decreto lleva además las firmas del ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo Piragine, y del jefe de Gabinete, Manuel Sánchez Zinny, lo que indica el peso institucional que el Ejecutivo le asigna a la medida.
El caso pone en primer plano una tensión recurrente en la gestión urbana de Buenos Aires: la recuperación del patrimonio público frente a situaciones de ocupación informal protagonizadas por familias en condición de vulnerabilidad. La pregunta que la norma no responde es qué solución habitacional concreta se ofrecerá a quienes hoy viven en ese predio, más allá de la coordinación con las áreas sociales convocadas para el operativo.
