Causa Vialidad: embargan el departamento porteño donde Cristina Kirchner cumple su condena domiciliaria
El Tribunal Oral Federal 2 profundiza la ejecución patrimonial de la causa Vialidad y alcanza ahora el inmueble de Constitución donde la ex presidenta purga su pena. La medida forma parte de una segunda oleada de embargos que suma 144 bienes y cinco millones de dólares en caja de seguridad.
La justicia federal ajustó el torniquete sobre el patrimonio vinculado a la familia Kirchner. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) dispuso una nueva batería de medidas cautelares que incluye el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, el domicilio donde Cristina Kirchner cumple actualmente su prisión domiciliaria tras la condena dictada en la causa Vialidad.
La resolución fue firmada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, y se enmarca en la segunda etapa de ejecución patrimonial derivada de esa sentencia. El fallo original había establecido un decomiso de 685.000 millones de pesos sobre bienes relacionados con los condenados, y el tribunal avanza ahora para garantizar que esos activos no sean dispuestos ni transferidos mientras el proceso sigue su curso.
El inmueble embargado pertenece a Los Sauces S.A., sociedad inmobiliaria ligada a la familia Kirchner. El tribunal fue cuidadoso en aclarar que la medida no implica una subasta inmediata ni modifica por ahora la titularidad registral del departamento. Sin embargo, la decisión instala una incógnita concreta: ¿qué ocurre con el lugar donde la ex mandataria cumple su condena si el proceso de decomiso avanza hasta sus últimas consecuencias?
Esta segunda etapa de embargos es significativamente más amplia que la primera. En una fase inicial, el TOF 2 había avanzado sobre 111 propiedades vinculadas a los condenados, entre ellas inmuebles del empresario Lázaro Báez y sus sociedades. Ahora, el conjunto alcanzado se amplía a 144 bienes entre inmuebles y vehículos, además de participaciones accionarias en distintas empresas. Una de las medidas más resonantes de esta etapa es el embargo de cinco millones de dólares pertenecientes a Florencia Kirchner, depositados en una caja de seguridad bancaria.
El fundamento jurídico del tribunal descansa en las conclusiones de la propia sentencia de la causa Vialidad, que estableció la existencia de una relación económica entre las empresas de Báez y los negocios de la familia Kirchner durante el período investigado, que abarca de 2003 a 2015. Según los jueces, parte de los fondos provenientes de las maniobras investigadas habría ingresado al patrimonio de sociedades como Los Sauces S.A. y Hotesur S.A., razón por la cual consideraron necesario preservar esos activos hasta que se complete la ejecución de la condena.
La causa, sin embargo, no está cerrada. La Cámara Federal de Casación Penal ya confirmó el criterio del TOF 2 respecto del decomiso sobre el primer grupo de bienes, pero tanto Cristina Kirchner como Lázaro Báez llevaron sus planteos ante la Corte Suprema de Justicia, que todavía debe resolver los recursos presentados. Mientras tanto, el fiscal Diego Luciani prepara un tercer pedido de decomiso y analiza reclamar una nueva actualización del monto original.
El escenario judicial que se abre es de alta complejidad política. Cada paso del tribunal en la ejecución patrimonial reaviva el debate sobre los alcances de la condena, la situación procesal de la ex presidenta y el destino de un patrimonio que la justicia considera, al menos en parte, vinculado a una maniobra de corrupción a gran escala durante años clave de la administración kirchnerista.
