Macri vs. la Justicia: el jefe de Gobierno porteño pide juicio político a una jueza que sobreseyó a un adolescente de 14 años
Un fallo que declaró inconstitucional un artículo del nuevo Régimen Penal Juvenil encendió la mecha. Jorge Macri salió con los tapones de punta contra la magistrada que lo dictó y anunció que irá por su cabeza política. La pulseada entre el Ejecutivo porteño y el Poder Judicial ya tiene nombre y apellido.
La resolución que detonó la controversia fue firmada por Laura Beatriz de Marinis, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires. La jueza declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801 —que fija en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal— en el marco de una causa iniciada el 10 de septiembre, cuando un adolescente de esa edad fue imputado por participar en una tentativa de robo junto con otros jóvenes. La consecuencia directa: el sobreseimiento del menor.
El argumento central de De Marinis fue que la aplicación del nuevo régimen resultaba regresiva para el joven involucrado. Antes de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, el Estado podía intervenir a través del sistema de protección integral de derechos, pero no habilitaba la persecución penal de menores de esa franja etaria. La magistrada fue más allá y planteó que la respuesta institucional ante trayectorias de vulneración de derechos debería contemplar herramientas vinculadas a la educación, la salud y la contención social, y no al sistema penal como primera respuesta.
“Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia”, escribió De Marinis en el fallo, una frase que resume el espíritu garantista de su decisión y que actuó como combustible para la reacción política que vino después.
La respuesta del jefe de Gobierno porteño no tardó en llegar. Jorge Macri salió a cuestionar públicamente el fallo, anunció que el Gobierno de la Ciudad apelará la resolución y anticipó que impulsará el juicio político de la jueza. Sus palabras no dejaron margen para la ambigüedad: “Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político”, afirmó, según declaraciones difundidas por La Nación.
Macri completó su postura con otras definiciones que apuntan directamente al debate político de fondo: “La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito” y “No voy a pedir perdón por defender a los porteños de bien”. El tono fue deliberadamente confrontativo, y el blanco elegido —una jueza que actuó en el marco de sus atribuciones jurisdiccionales— abre un interrogante sobre los límites entre la crítica legítima al Poder Judicial y la presión institucional sobre magistrados.
El episodio no quedó acotado al ámbito porteño. Patricia Bullrich, senadora nacional por CABA y exministra de Seguridad, sumó su voz al coro crítico. “Hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas”, disparó, y agregó: “Es muy difícil construir un país normal así. Estos jueces garantistas solo construyen impunidad”.
Vale aclarar un dato que suele perderse en el fragor del debate político: la resolución de De Marinis no implica la anulación general de la Ley 27.801. Se trata de una decisión acotada al caso concreto, lo que significa que la norma sigue vigente y que el debate sobre su constitucionalidad deberá resolverse en instancias superiores.
Lo que esta disputa deja en evidencia es la tensión estructural que existe entre la nueva legislación penal juvenil —impulsada desde el oficialismo nacional como una respuesta de mano dura a la inseguridad— y sectores del Poder Judicial que cuestionan su aplicación automática sin considerar el contexto social y la historia de cada adolescente imputado. El caso de un chico de 14 años se convirtió, así, en el epicentro de un conflicto político de mucho mayor alcance.
