A once años de la primera movilización, el colectivo Ni Una Menos volverá a concentrarse este 3 de junio en Plaza Congreso, en la Ciudad de Buenos Aires, en una jornada que trasciende lo simbólico para reinstalar un reclamo político central: el rol del Estado frente a la violencia de género. La convocatoria, prevista para las 17 horas, se da en un contexto atravesado por recientes femicidios que generaron conmoción nacional, como los de Agostina Vega en Córdoba y Dulce Candia en Misiones.
Lejos de ser una marcha más, la edición 2026 expone tensiones concretas sobre las políticas públicas vigentes y su implementación efectiva. Organizaciones feministas, sociales y de derechos humanos vuelven a señalar la brecha entre la normativa existente y su aplicación real, especialmente en materia de prevención, asistencia y protección a víctimas.
Los datos refuerzan ese diagnóstico. Según el observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, en lo que va del año ya se registraron 83 femicidios en Argentina. Desde 2015, la cifra asciende a 3.144 asesinatos por razones de género, lo que equivale a una víctima cada 30 horas. El dato más incómodo para la gestión estatal es que el 17% de las víctimas había realizado denuncias previas y un 10% contaba con medidas judiciales de protección, lo que evidencia fallas estructurales en los mecanismos de resguardo.
La concentración en el Congreso no es casual. Además de visibilizar los casos recientes, la movilización se inscribe en una discusión legislativa concreta: el rechazo al proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada sobre falsas denuncias, que desde sectores feministas es interpretado como un retroceso en materia de derechos. En paralelo, la marcha buscará articularse con el reclamo de jubilados que también se manifiestan los miércoles, incorporando una dimensión económica a la agenda de género.
Otro eje que atravesará la jornada será el pedido de justicia por el triple lesbicidio de Barracas, un caso que volvió a poner en agenda la violencia por motivos de odio y la necesidad de políticas específicas.
En este escenario, la movilización vuelve a interpelar directamente a los distintos niveles del Estado —nacional, provincial y porteño— sobre la eficacia de sus políticas. La persistencia de los femicidios, incluso en situaciones donde existían denuncias previas, plantea un interrogante incómodo: si el problema es la falta de herramientas o la decisión política de priorizarlas.
La calle, una vez más, se convierte en termómetro y presión. Y el Congreso, en el epicentro de una discusión que excede lo coyuntural y vuelve a poner bajo la lupa la capacidad del Estado para garantizar derechos básicos.
