El Gobierno nacional viene agitando un dato con entusiasmo: el consumo privado creció 7,9% en 2025 y alcanzó su nivel más alto de la historia. Javier Milei y su equipo económico lo presentan como prueba irrefutable de que el modelo funciona, los salarios recuperan terreno y los hogares argentinos vuelven a gastar. El problema es que ese relato tiene una grieta enorme cuando se mira de cerca la composición de ese indicador.
Lo que el Gobierno no explica es que dentro del “consumo privado” que miden las cuentas nacionales conviven realidades muy distintas: desde la compra de alimentos hasta los viajes al exterior, pasando por los gastos en medicina prepaga, telecomunicaciones, alquileres y, fundamentalmente, servicios públicos. Y es precisamente en ese último rubro donde está la clave del enigma.
Desde diciembre de 2023, las tarifas de electricidad, gas, agua y transporte acumularon incrementos muy por encima de la inflación general. Ese dinero extra que los hogares desembolsan mes a mes para pagar la factura de luz o de gas también entra en el cálculo del consumo privado. En otras palabras: cuanto más caro sale mantener encendida una heladera o calentar el agua, más “crece” el indicador que luego el oficialismo utiliza como bandera de recuperación.
La consultora PxQ, que dirige Emmanuel Álvarez Agis, puso números concretos sobre la mesa. Si al crecimiento del consumo de 2025 se le descuentan los servicios públicos, el turismo emisivo y los bienes importados, el incremento real del consumo del mercado interno cae del 7,9% al 1,4%. La diferencia no es menor: es la distancia entre el triunfalismo oficial y la experiencia cotidiana de millones de familias.
El impacto en los presupuestos domésticos es contundente. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-CONICET, una familia promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires destinó más de 249.832 pesos en mayo a la canasta de servicios públicos, con un crecimiento del 50% interanual. Y el horizonte no ofrece alivio: funcionarios de la cartera de Energía ya anticiparon que el objetivo oficial es continuar reduciendo subsidios para que los usuarios cubran una proporción creciente del costo real de los servicios.
La mecánica es casi matemática. Si un hogar gana 100 y ahorra 10, su consumo es 90. Si al mes siguiente debe destinar 10 adicionales a tarifas o alquiler, el ahorro desaparece y el consumo “sube” a 100, aunque ese hogar no haya comprado ni una prenda de ropa ni un kilo más de alimentos. Esa es la trampa estadística que el Gobierno presenta como logro de gestión.
Los datos sectoriales confirman el desfasaje. Las ventas en supermercados todavía se ubican 9% por debajo de los niveles de 2023 y 27% por debajo del pico de 2015. La masa salarial real está 11 puntos por debajo de su máximo histórico. Los sectores que muestran dinamismo genuino son el turismo al exterior, los automóviles y la tecnología, rubros asociados a sectores de ingresos altos. El consumo popular, el que alimenta las góndolas y los comercios de barrio, sigue sin recuperarse.
El cuadro que emerge es el de una reasignación forzada del ingreso familiar: más pesos destinados a gastos fijos e ineludibles, menos margen para decidir qué comprar. El consumo privado puede aumentar en el papel mientras las familias ajustan el cinturón en lo que realmente eligen consumir. Esa diferencia, que las estadísticas agregan y el Gobierno omite, es la que separa el dato del relato.
—
