Barrio Naón bajo presión constructiva: piden frenar las obras en Mataderos mientras se debate una nueva normativa urbanística
Un barrio de Mataderos que supo ser tranquilo y de baja densidad está en el centro de una disputa política y urbanística que refleja una tensión recurrente en la Ciudad de Buenos Aires: la velocidad del negocio inmobiliario frente a la capacidad del Estado de proteger la identidad de sus barrios. La legisladora porteña Bárbara Rossen presentó un proyecto de declaración para que la Legislatura exhorte al Poder Ejecutivo de la Ciudad a suspender por seis meses el inicio, la tramitación y el otorgamiento de Permisos Tempranos de Ejecución de Obra Civil en el denominado Barrio Naón, ubicado en la Comuna 9.
El polígono afectado está delimitado por la avenida Emilio Castro, las calles Carhué, Pizarro y Guaminí, y las avenidas Juan Bautista Alberdi y General Paz. La medida no es caprichosa: el proyecto se enmarca en un momento en que la normativa urbanística de esa zona está siendo revisada y debatida en la propia Legislatura. Mientras esa discusión no se resuelva, la iniciativa busca evitar que nuevos emprendimientos queden habilitados bajo reglas que podrían quedar obsoletas o ser modificadas en el corto plazo.
El origen del problema tiene nombre y fecha: el primer Código Urbanístico de la Ciudad, aprobado en 2018, alteró la zonificación de sectores del Barrio Naón que hasta entonces correspondían a distritos residenciales de baja densidad. Esa modificación, según los fundamentos del proyecto, habilitó un incremento de la capacidad constructiva superior al 80%, abriendo la puerta a proyectos de vivienda colectiva en una zona que históricamente no estaba pensada para ese tipo de desarrollo.
La respuesta vecinal no tardó en llegar. La organización de los residentes del barrio derivó en presiones políticas que tuvieron su primer resultado concreto en 2024, cuando una modificación del Código Urbanístico estableció la zonificación USAB0 para la mayor parte del área. Sin embargo, el proceso no quedó cerrado: un expediente presentado en 2025, el 2470-P-2025, impulsado por vecinos y acompañado por legisladores de distintos bloques, propone ir más lejos y establecer una “Urbanización Determinada Barrio Naón”, con un límite de altura de 9 metros y una zonificación que contempla los distritos USAB0, USAB1 y USAB2.
Lo que agudiza la urgencia del pedido de Rossen es un dato concreto obtenido mediante un pedido de acceso a la información pública realizado en 2025: durante el período de vigencia de la normativa anterior, se aprobaron más de 100 proyectos de modificación y obra nueva en el barrio. Ese número habla de la velocidad con la que el sector inmobiliario operó al amparo de reglas que los propios vecinos cuestionaban.
El proyecto de declaración invoca disposiciones de la Constitución de la Ciudad y del Código Urbanístico relacionadas con la preservación de la identidad barrial, la calidad ambiental, el equilibrio morfológico y la protección de áreas residenciales consolidadas. En definitiva, plantea una pregunta que no tiene respuesta sencilla: ¿hasta dónde puede llegar la presión del mercado inmobiliario sobre los barrios de Buenos Aires antes de que el Estado intervenga para proteger lo que ya existe?
La pausa de seis meses que propone Rossen no es una solución definitiva, pero sí un intento de ganar tiempo para que la política urbanística y el debate legislativo no sean atropellados por permisos otorgados a último momento. En una ciudad donde la transformación del tejido urbano suele ir más rápido que la capacidad regulatoria del Estado, el caso del Barrio Naón se convierte en un termómetro de hasta dónde llega la voluntad política de poner límites.
