La Fiscalía porteña fue a la Cámara: quiere revertir el fallo que tumbó el régimen penal juvenil y apartar a la jueza
El choque entre el Ministerio Público Fiscal y la jueza Laura Beatriz De Marinis escala de tono. La Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires presentó un recurso de apelación ante la Cámara para revertir la resolución que declaró inconstitucional la aplicación del artículo 1 de la Ley 27.801, el nuevo régimen penal juvenil que habilita el juzgamiento de adolescentes de 14 y 15 años. El caso ya tiene ribetes políticos: el jefe de Gobierno Jorge Macri salió a criticar públicamente el fallo y el ministro de Justicia Gabino Tapia anunció que impulsará un juicio político contra la magistrada.
La apelación fue firmada por el fiscal coordinador Mauro Tereszko y la fiscal auxiliar Paula Raffa Pirra. Además de pedir que la Cámara revise la resolución, solicitaron que De Marinis sea apartada del expediente y que un nuevo sorteo determine qué juez continuará con la causa. El blanco del cuestionamiento es claro: la Fiscalía considera que la jueza se extralimitó en sus funciones y que su decisión generó un daño irreparable al proceso.
El nudo central del conflicto es el sobreseimiento de un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo. De Marinis entendió que aplicar la nueva ley en este caso violaba principios constitucionales y compromisos internacionales en materia de protección de niñez y adolescencia, incluyendo observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Sin embargo, aclaró que su decisión no implicaba suspender la vigencia general de la norma, sino una resolución acotada al expediente en cuestión.
La Fiscalía rechaza esa lectura de cabo a rabo. En su presentación ante la Cámara, argumentó que el control de constitucionalidad debe ser una herramienta de último recurso y no puede utilizarse para neutralizar una ley sancionada por el Congreso Nacional. Yendo más lejos, afirmó que el fallo avanzó sobre facultades del Poder Legislativo, lo que implicaría una violación a la división de poderes. En otras palabras: los fiscales acusan a la jueza de reemplazar al Congreso en la definición de la política criminal.
El trasfondo político del caso no es menor. La Ley 27.801 fue impulsada en un contexto de fuerte debate sobre inseguridad y responsabilidad penal juvenil. Su implementación ha encontrado resistencia judicial tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires, donde otra magistrada ya suspendió su aplicación por falta de infraestructura para alojar a más adolescentes privados de libertad. Que la Ciudad eleve ahora el conflicto a la Cámara, con el respaldo político explícito del gobierno de Jorge Macri y la amenaza de un juicio político a una jueza, convierte este expediente en mucho más que una disputa procesal.
Lo que viene es decisivo. La Cámara deberá expedirse sobre dos preguntas de alto voltaje institucional: si el fallo de De Marinis fue constitucionalmente válido y si corresponde apartarla del caso. La respuesta que llegue desde el tribunal de alzada marcará el rumbo de la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en la Ciudad y podría sentar precedente para el resto del país.
