El bisturí del Estado: Milei lanza un retiro voluntario masivo y elimina cargos en la administración pública nacional
El gobierno de Javier Milei profundiza su apuesta por el achicamiento del Estado con una medida de alto impacto: la aprobación de un régimen de retiro voluntario para empleados de la Administración Pública Nacional centralizada. El instrumento, el Decreto 1203/2026, fue publicado este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial y tiene una particularidad que lo distingue de otros esquemas similares aplicados en el pasado: cada cargo que quede vacante por adhesión al programa será eliminado de forma permanente del presupuesto. No hay reemplazo posible. La decisión es irreversible.
La norma alcanza a dos universos de trabajadores. Por un lado, al personal de planta permanente encuadrado en la Ley Marco de Regulación del Empleo Público (Ley 25.164). Por otro, a quienes mantienen contratos laborales por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo. Ambos grupos podrán adherirse voluntariamente al mecanismo de desvinculación, aunque el decreto no especifica en su texto principal los montos o condiciones económicas de la compensación, que están detalladas en el Anexo I de la norma.
El decreto fue suscripto por Milei junto a Diego César Santilli y Federico Sturzenegger, dos nombres clave en la arquitectura de la política de transformación del Estado que lleva adelante la gestión libertaria. La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado encabezado por Sturzenegger, será la autoridad de aplicación. Esa secretaría tendrá la potestad de emitir normas complementarias y, en caso de considerarlo necesario, habilitar una prórroga de hasta 30 días corridos en el plazo de adhesión.
La fundamentación oficial del decreto apela al lenguaje tecnocrático de la eficiencia: mejorar la asignación de recursos públicos y adecuar las estructuras de los organismos nacionales a las necesidades reales del Estado. Pero detrás de esa retórica, la medida tiene un peso político concreto: consolida uno de los pilares centrales del programa económico de La Libertad Avanza, que desde el inicio de la gestión identificó al empleo público como uno de los principales focos de gasto a reducir.
Cada jurisdicción deberá adoptar las medidas administrativas necesarias para suprimir los cargos una vez que se concrete el cese laboral. Los costos derivados de las indemnizaciones o compensaciones correrán por cuenta de los créditos presupuestarios vigentes de cada área.
La medida no ocurre en el vacío. Se inscribe en un proceso sostenido de reducción del empleo estatal que el gobierno nacional viene ejecutando desde diciembre de 2023, y que ha generado tensiones con los sindicatos del sector público, movilizaciones y debates sobre el impacto social del ajuste. En ese contexto, el retiro “voluntario” es también una señal política: el gobierno prefiere presentar la reducción del personal como una elección individual antes que como una reestructuración forzada.
Lo que queda claro es que, con este decreto, la Casa Rosada avanza un paso más en su proyecto de rediseñar el Estado argentino. Los cargos que se vayan no volverán. Y esa es, precisamente, la apuesta.
