La interna en el oficialismo sumó un nuevo capítulo con impacto directo en la gestión judicial. La senadora **Patricia Bullrich** decidió no acatar la orden del presidente **Javier Milei** de retirar el pliego de la jueza **Verónica Michelli**, candidata al Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata, y dejó expuesta una fisura que ya no se limita a matices discursivos.
El gesto no es menor: se trata de una discusión sobre el funcionamiento institucional y los límites del Poder Ejecutivo frente al Senado. Bullrich argumentó una “objeción de conciencia” y sostuvo que una diferencia puntual no debilita el rumbo del Gobierno. Sin embargo, en términos políticos, la decisión refuerza su perfil autónomo y abre interrogantes sobre la capacidad de la Casa Rosada para ordenar su propia tropa parlamentaria.
El trasfondo del conflicto revela un punto sensible. El intento de frenar el pliego de Michelli estaría vinculado a su relación familiar con el periodista **Hugo Alconada Mon**, cuyas investigaciones han incomodado al oficialismo. La situación instala una discusión más profunda: ¿hasta dónde puede el Ejecutivo intervenir en designaciones judiciales sin afectar el principio de independencia?
El expediente, que ya cuenta con dictamen favorable en comisión y sin impugnaciones en su audiencia pública, quedó ahora en una zona gris. Según el reglamento del Senado, el retiro de un pliego requiere la aprobación del cuerpo, lo que anticipa un posible escenario de debate abierto en el recinto. La decisión de Bullrich, en este contexto, no solo es política sino también institucional: obliga a transparentar el procedimiento.
El movimiento también tuvo eco en otros bloques. Desde la UCR y la Coalición Cívica respaldaron la postura de la senadora, lo que complica la estrategia del oficialismo y refuerza la idea de que el Congreso puede convertirse en un terreno menos controlable para el Ejecutivo.
En paralelo, la dinámica política en la provincia de Buenos Aires agrega otra capa de tensión. **Diego Santilli**, alineado con el oficialismo, avanza en la construcción de apoyos para una reforma electoral que el Gobierno busca aprobar en el corto plazo. Su despliegue territorial y sus cruces con el gobernador **Axel Kicillof** muestran que la disputa por el poder ya se proyecta hacia 2027.
Los números, sin embargo, reflejan un escenario complejo para Santilli: alta imagen negativa y un nivel significativo de desconocimiento en el electorado bonaerense. Esto sugiere que, mientras intenta posicionarse como articulador político, todavía enfrenta el desafío de consolidar una base sólida de apoyo.
En conjunto, los movimientos de Bullrich y Santilli exponen una doble tensión dentro del oficialismo: por un lado, la dificultad para mantener cohesión interna en decisiones sensibles; por otro, la necesidad de construir volumen político en un contexto de fragmentación. La gestión de Milei, así, queda atravesada por una pregunta clave: si no logra ordenar su propio espacio, ¿cómo sostendrá su agenda de reformas en el Congreso?
