La Legislatura porteña le dio luz verde a la reforma de la VTV: fin del monopolio, precios libres y talleres privados habilitados
La Ciudad de Buenos Aires dio un paso concreto hacia la desregulación de uno de los trámites más engorrosos para los automovilistas porteños. Tras la aprobación en la Legislatura, el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) tendrá nuevas reglas de juego: plazos extendidos, apertura del mercado a talleres privados y concesionarias, y el fin del precio oficial fijo.
La reforma llega en sintonía con la Resolución 32/2026 que el Gobierno nacional firmó a principios de junio, y que modificó el esquema de las Revisiones Técnicas Obligatorias (RTO) a nivel federal. La Ciudad no tardó en adherirse: apenas 15 días después, el proyecto llegó al recinto y fue aprobado con modificaciones a la Ley 2.265.
Nuevos plazos: menos presión para los conductores
Uno de los cambios más concretos tiene que ver con los tiempos. La primera VTV pasará de realizarse a los cuatro años del patentamiento a los cinco. Las inspecciones siguientes mantendrán una vigencia de dos años, pero el umbral a partir del cual se exige control anual se corre de los 8 a los 10 años de antigüedad del vehículo. En la práctica, esto significa menos visitas obligatorias a las plantas y una carga administrativa menor para los propietarios de autos relativamente nuevos.
El esquema concreto queda así: primera VTV al quinto año, luego al séptimo y al noveno, y a partir de los 10 años de antigüedad, revisión anual obligatoria.
El gran cambio: el monopolio se rompe
Hasta ahora, las plantas habilitadas por el Gobierno de la Ciudad tenían el monopolio exclusivo de las inspecciones técnicas vehiculares en CABA. Con la reforma aprobada, ese esquema queda atrás. Talleres mecánicos, concesionarios oficiales e importadores autorizados podrán sumarse al sistema, siempre que cumplan con los requisitos técnicos exigidos y se inscriban en un Registro Único de Talleres habilitados.
El ingreso al registro no es automático ni libre de condiciones: los establecimientos deberán acreditar equipamiento adecuado y quedar sujetos a instancias de fiscalización para garantizar estándares uniformes de seguridad vial. La implementación de estos nuevos prestadores demandará al menos 30 días desde la apertura del proceso de inscripción, una vez promulgada la ley.
Tarifas libres: ¿más competencia o más confusión?
La otra novedad de peso es la eliminación del precio regulado. A partir de ahora, cada prestador fijará su propia tarifa, en un esquema de libre competencia. Esto abre la posibilidad de que, por ejemplo, una concesionaria incluya la VTV dentro del costo de un service oficial, generando paquetes de servicios. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre la dispersión de precios y si los sectores más vulnerables podrán acceder a tarifas razonables.
En ese sentido, la norma preserva una salvaguarda social relevante: jubilados, pensionados, mayores de 65 años y personas con discapacidad mantendrán la exención del pago de la VTV, aunque el beneficio aplica únicamente sobre un vehículo por titular, en caso de poseer más de uno.
El discurso político detrás de la reforma
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, celebró la medida con el lenguaje típico de la desregulación: “Terminamos con el monopolio de la VTV y desregulamos el sistema. Nuestro objetivo es abrir el juego para que el servicio sea más accesible, eficiente y enfocado en facilitarles la vida a los vecinos”. En la misma línea, el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, habló de modernización e incorporación de mayor oferta.
Lo que resta definir es el cronograma preciso de implementación, que se conocerá recién una vez promulgada formalmente la ley. Mientras tanto, los controles en la vía pública continuarán en manos de los Agentes de Tránsito de la Ciudad, y quienes circulen sin la VTV vigente enfrentarán una multa de 400 Unidades Fijas, equivalente a cerca de $380.000 al valor actual.
