Prepagas para mascotas: el mercado que creció al ritmo de una crisis de salud animal que el Estado no resuelve
El aumento sostenido de los costos veterinarios, la transformación en la composición de los hogares argentinos y la ausencia de políticas públicas robustas en materia de bienestar animal configuran un escenario donde el mercado privado avanza para cubrir un vacío que debería, al menos en parte, ser atendido por el Estado. Las prepagas para mascotas dejaron de ser una rareza y se convirtieron en una respuesta concreta a una demanda que no para de crecer.
El analista Emmanuel Ferrario lo explicó con claridad: el fenómeno no es una moda pasajera ni un capricho de consumo. Es el reflejo de un cambio estructural en cómo los argentinos conciben a los animales que conviven con ellos. “Hay prepaga para mascotas porque tiene que ver con un fenómeno más grande, con el rol de los animales en la familia y con el costo que eso tiene”, señaló.
Los números respaldan esa lectura. Una familia destina aproximadamente $150.000 al año para la atención básica de un animal adulto, incluyendo una consulta anual, vacunación y antiparasitarios. En hogares de ingresos promedio, eso puede representar hasta el 10% del ingreso mensual. Cuando el animal es cachorro, los gastos suben: requiere entre tres y cuatro consultas durante el primer año. Si supera los siete años, los controles de rutina vuelven a intensificarse.
Frente a ese escenario, no sorprende que el 95% de las personas encuestadas en un relevamiento reciente declare que la salud de su mascota es prioritaria y que esté dispuesta a resignar salidas o compras para afrontarla. El mercado leyó esa señal y respondió con una oferta que sigue en expansión.
Pero el cuadro tiene una cara menos optimista. Cuando una familia no puede sostener económicamente el cuidado de un animal, la consecuencia más frecuente es el abandono. Y el abandono tiene costos colectivos: sobrepoblación de animales en situación de calle, aumento de mordeduras, accidentes, problemas de higiene y una mayor presión sobre los sistemas públicos de salud. Una sola mordedura de un animal sin identificación obliga a iniciar un tratamiento completo porque no existe forma de verificar su estado sanitario. El costo recae sobre el Estado.
Aquí aparece la dimensión política del problema. Las ciudades, incluida Buenos Aires, deben definir qué rol juegan frente a esta realidad. La vacunación antirrábica y las campañas de castración son herramientas reconocidas, pero insuficientes si no van acompañadas de una política integral que contemple identificación, registro y responsabilidad de los tutores.
Ferrario se pronunció a favor de avanzar en esa dirección. “Hay que avanzar con un registro porque el registro es responsabilidad”, afirmó. Un sistema de identificación permitiría saber quién está a cargo de cada animal, aplicar sanciones por incumplimientos y mejorar la convivencia urbana. Las ciudades que están marcando el camino en este tema, según el analista, ya trabajan en esa línea.
El debate sobre el método de registro sigue abierto. Desde los sectores de rescate y refugios se insiste en que la prioridad debe ser la castración y esterilización para reducir la cantidad de animales en situación de calle. Otros proponen tecnologías innovadoras, como el reconocimiento del hocico del perro o gato como identificador único, similar a una huella digital.
Lo que queda claro es que el crecimiento de las prepagas para mascotas no es solo una noticia de consumo. Es el síntoma de una demanda social que el Estado aún no terminó de procesar. Mientras el mercado privado se organiza para quienes pueden pagarlo, queda pendiente la pregunta de qué pasa con quienes no pueden. Esa es, en definitiva, la pregunta política que la gestión pública todavía debe responder.
