Crisis silenciosa: la Legislatura porteña avanza sobre la emergencia en salud mental mientras los intentos de suicidio adolescente se disparan un 47%
Los números son tan contundentes como incómodos: según el boletín epidemiológico de la Ciudad de Buenos Aires de julio de 2026, los intentos de suicidio crecieron un 47% respecto al año anterior. Frente a ese dato alarmante, dos proyectos de ley ingresaron esta semana a la Legislatura porteña con el objetivo de forzar una respuesta institucional que, hasta ahora, parece haber llegado tarde.
La primera iniciativa, identificada como expediente 2791-D-2026 y presentada el 9 de septiembre por la legisladora Vanina Biasi con la coautoría de Amanda Martín, propone declarar la emergencia sanitaria en salud mental en todo el territorio porteño por un plazo de dos años, con posibilidad de prórroga si las condiciones que la justifican no se revierten. No es un proyecto de enunciados vacíos: incluye un plan concreto de fortalecimiento del sistema público que implica abrir y equipar salas de internación en todos los Hospitales Generales de Agudos, crear Centros de Salud Mental Comunitarios, Casas de Convivencia y Centros de Día en los barrios con mayor índice de vulnerabilidad, y establecer guardias interdisciplinarias de salud mental disponibles las 24 horas en hospitales generales y Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC).
El proyecto de Biasi y Martín también apunta al corazón del problema presupuestario: propone que el área de Salud Mental cuente con un piso equivalente al 10% del presupuesto total de Salud de la Ciudad. Un umbral que, en la práctica, implicaría un aumento significativo respecto a los recursos que hoy se destinan a un sector históricamente postergado. A eso se suma la obligación de garantizar provisión gratuita, continua e ininterrumpida de medicamentos esenciales en los efectores públicos.
La segunda iniciativa, el expediente 2796-D-2026 presentado el 10 de septiembre por la legisladora Andrea Mariana González junto a Matías Barroetaveña, Victoria Freire, Noemí Geminiani, Matías Lammens y Leandro Santoro, apunta a otro flanco: la prevención. El proyecto modifica la Ley 6106 de Prevención del Suicidio para crear un Plan de Capacitación obligatorio, continuo y permanente, orientado a personas de entre 10 y 24 años y dirigido a quienes trabajan cotidianamente con esa franja etaria.
La capacitación alcanzaría a docentes, personal directivo y no docente de escuelas públicas y privadas, profesionales de salud, justicia y seguridad, trabajadores de hogares convivenciales, integrantes de clubes y espacios deportivos, y miembros de organizaciones sociales y religiosas. Los contenidos incluirían identificación de señales de alerta, herramientas de intervención en crisis, perspectiva de género y diversidades, y un abordaje específico sobre violencia digital, ciberbullying y el uso problemático de entornos virtuales, factores que los propios fundamentos del proyecto reconocen como determinantes crecientes en la salud mental de los jóvenes.
Uno de los puntos más sensibles de la propuesta es el protocolo de postvención: ante un suicidio consumado que involucre a estudiantes o integrantes de una institución educativa, deportiva o comunitaria, la autoridad de aplicación deberá disponer equipos técnicos de acompañamiento interdisciplinario e intersectorial sostenido durante al menos un año, con intervención sobre familiares, pares, docentes y referentes de la comunidad afectada.
Los datos que respaldan ambas iniciativas son elocuentes. Un estudio del Ministerio Público Tutelar correspondiente a 2023 registró 596 internaciones de niñas, niños y adolescentes por riesgo suicida en la Ciudad: el 48,3% correspondió a jóvenes de 13 a 15 años y el 43,6% a la franja de 16 y 17 años. Son cifras que interpelan directamente la gestión del Gobierno de la Ciudad y abren un debate político que va más allá de los expedientes legislativos: ¿cuánto tiempo más puede sostenerse un sistema de salud mental que, según sus propios registros, está siendo desbordado?
Ambos proyectos tienen enfoques complementarios y orígenes políticos distintos, pero convergen en un diagnóstico común: el Estado porteño no está respondiendo a la escala del problema. Ahora dependerá de la voluntad política de la Legislatura convertir esas iniciativas en ley, y del Ejecutivo porteño decidir si está dispuesto a acompañar o resistir una reforma que, a juzgar por los números, ya no admite demoras.
