Causa Moyano: la Justicia acumula pruebas y el exdiputado sigue detenido mientras el expediente gana en complejidad
La detención del dirigente sindical y exlegislador Facundo Moyano por presuntos delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género mantiene en vilo a la escena política y judicial porteña. Lo que comenzó como una denuncia en la madrugada del martes en un departamento de Belgrano fue adquiriendo nuevas capas a medida que avanzaron las horas y los testimonios comenzaron a contradecirse.
El fiscal Julián Pistone, al frente de la Unidad Fiscal de Flagrancia Norte, dispuso la detención de Moyano y ordenó una batería de medidas de prueba orientadas a reconstruir con precisión la secuencia de los hechos. Entre ellas, el análisis de las cámaras de seguridad del área, la recolección de testimonios y la incorporación de los registros audiovisuales que circularon durante la jornada. El exdiputado quedó alojado en la Comisaría Vecinal 13A mientras se desarrollaban las primeras diligencias.
La causa se inició luego de que Candela Arizaga, de 23 años, fuera asistida por el SAME y trasladada al Hospital Pirovano tras abandonar el edificio en un estado de visible perturbación. En ese primer contacto con el personal de salud y policial, la joven manifestó haber sido agredida, lo que desencadenó la intervención judicial.
Sin embargo, el escenario procesal se complicó pocas horas después. Al declarar ante la Justicia, Arizaga cambió su versión: sostuvo que Moyano no la había golpeado y atribuyó el episodio al consumo de drogas por parte de ambos. Ese testimonio fue incorporado al expediente y deberá ser evaluado en conjunto con el resto de la evidencia disponible, sin que ningún elemento pueda descartarse a priori.
A ese cuadro probatorio se suma el informe de la médica legista, que detectó una lesión en una rodilla de la joven, compatible con una caída, sin constatar otras heridas de relevancia. La fiscalía tiene ahora la tarea de determinar si ese registro médico es consistente con los hechos investigados o si existen otros elementos que apunten en una dirección diferente.
Uno de los puntos más llamativos del expediente es la negativa de Moyano a someterse a los análisis de sangre y orina solicitados por la Justicia para establecer un eventual consumo de sustancias. Esa decisión, que la defensa puede considerar un derecho del imputado, quedó igualmente asentada en el expediente y tendrá peso en el análisis integral que deberá realizar la fiscalía.
La defensa del exdiputado fue asumida por los abogados Miguel Molina y Alfredo Gascón. En paralelo, la Justicia deberá resolver también si corresponde mantener o adoptar medidas de protección para la joven involucrada, y en qué medida su voluntad respecto del impulso de la acción penal incide en la continuidad del proceso.
El caso concentra varios elementos que lo convierten en un expediente de alto voltaje político: la identidad del imputado, su trayectoria sindical y legislativa, las versiones contradictorias, la negativa a los estudios toxicológicos y el contexto de violencia de género que enmarca la carátula de la causa. Mientras la fiscalía trabaja para ordenar ese rompecabezas, la repercusión pública del caso no da señales de menguar.
