El aumento del 9% en los combustibles dispuesto por el Gobierno nacional volvió a tensar la relación entre la Casa Rosada y la Provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof salió a cuestionar con dureza la medida y apuntó directamente contra el presidente Javier Milei, enmarcando la decisión no solo como un error económico sino como una definición política con impacto directo en el bolsillo.
Desde su entorno, el mandatario bonaerense interpretó la suba como parte de un esquema más amplio de desregulación donde el Estado se corre de su rol de moderador. “Se eligió no intervenir”, fue la idea central que dejó trascender Kicillof, en contraste con lo que —según su análisis— hicieron otros países frente a la volatilidad internacional del petróleo tras la escalada bélica en Medio Oriente.
El punto de fondo no es menor: Argentina cuenta con recursos energéticos propios, con Vaca Muerta como bandera, pero los precios internos siguen la lógica internacional. Para la administración bonaerense, esta decisión implica trasladar el costo global a los consumidores locales sin amortiguadores, afectando tanto a familias como a sectores productivos.
En clave política, el gobernador no solo criticó la medida sino que buscó instalar una narrativa de “modelo alternativo”. En su lectura, la política energética del Gobierno libertario responde a una concepción ideológica donde el mercado regula sin intervención, incluso en contextos de crisis global. “Un Estado que se retira”, deslizan en La Plata, marcando el contraste con una visión más intervencionista.
La disputa también tiene impacto territorial. En la Provincia de Buenos Aires, donde el transporte y la logística son claves para la actividad económica, el aumento de combustibles repercute en cadena sobre precios y costos. Intendentes del conurbano ya advierten sobre el efecto en tarifas de transporte y distribución de bienes esenciales, lo que suma presión a una gestión provincial que no controla esas variables.
Pero el cruce excede lo económico. Kicillof aprovechó para posicionarse como figura opositora nacional con proyección hacia 2027. Su mensaje incluyó referencias a la necesidad de construir “otro camino”, en lo que se lee como un anticipo de su estrategia electoral. Incluso sumó ironías dirigidas al vocero presidencial Manuel Adorni, en un intento de amplificar el contraste discursivo con el oficialismo.
En este escenario, la nafta se transforma en algo más que un precio en surtidor: es un símbolo de la disputa entre dos modelos de gestión. De un lado, la apuesta por la liberalización plena; del otro, la defensa de la intervención estatal como herramienta para amortiguar crisis externas. La discusión recién empieza, pero ya se instaló en el centro del debate político argentino.
