La relación entre el Gobierno nacional y el sindicalismo atraviesa uno de sus momentos más delicados desde la asunción de **Javier Milei**. La **CGT** comenzó a escalar el tono de sus advertencias y ya deja abierta la posibilidad de un paro general, en un contexto marcado por la falta de diálogo institucional y el impacto social del ajuste económico.
El mensaje no es menor: desde la central obrera advierten que el conflicto podría profundizarse si no hay cambios en la estrategia oficial. **Cristian Jerónimo**, uno de los dirigentes del triunvirato, fue claro al plantear que la huelga nacional “nunca está descartada”, aunque aseguró que no es el escenario deseado. La frase, sin embargo, funciona más como advertencia que como moderación: el sindicalismo se prepara para una escalada.
Detrás de esta tensión aparece un problema estructural de gestión. Según los gremios, el Ejecutivo optó por prescindir de los canales tradicionales de negociación con los trabajadores, lo que rompe con una lógica histórica del sistema político argentino. “Este gobierno no cree en el diálogo”, sintetizó Jerónimo, marcando una crítica directa al estilo de conducción de la Casa Rosada.
El trasfondo económico refuerza el conflicto. Desde la CGT sostienen que el ajuste fiscal impulsado por el oficialismo recayó sobre los sectores más vulnerables, en contraposición con la promesa de campaña de afectar a “la casta”. En esa línea, cuestionan el impacto de la reforma laboral promovida por el Gobierno, a la que consideran ineficaz para generar empleo. “Va a crear cero puestos de trabajo”, disparó el dirigente.
En paralelo, **Jorge Sola**, otro de los referentes cegetistas, confirmó que el plan de lucha no solo continúa, sino que podría intensificarse en los próximos meses. Desde Rosario, advirtió que las medidas incluirán paros y otras formas de protesta, en respuesta a lo que definió como un “techo encubierto” en las paritarias. Según denuncian, el Gobierno estaría limitando las homologaciones salariales por encima del 2% mensual, lo que genera una pérdida sostenida frente a la inflación.
El dato más sensible que ponen sobre la mesa los gremios es la caída del empleo formal. Sola habló de unos 300 mil puestos perdidos, una cifra que, de confirmarse, tensiona aún más la narrativa oficial basada en el ordenamiento macroeconómico. La crítica apunta a una gestión que, según los sindicatos, prioriza variables fiscales por sobre el impacto real en el mercado laboral.
Pero el conflicto no se limita al Gobierno. En un gesto que expone fisuras dentro del propio campo opositor, Jerónimo también cruzó a **Máximo Kirchner**, rechazando injerencias políticas sobre la CGT y defendiendo su autonomía. Este punto suma complejidad al escenario: el sindicalismo busca posicionarse como un actor con agenda propia de cara a 2027, en un mapa político todavía en reconfiguración.
Así, el endurecimiento de la CGT no solo anticipa posibles medidas de fuerza, sino que también revela un problema más amplio para la gobernabilidad: la falta de articulación entre el Ejecutivo y los actores sociales clave. En un país con alta tradición de conflictividad laboral, la decisión de sostener esa distancia puede tener costos políticos crecientes.
