El nuevo esquema tarifario del transporte en el AMBA volvió a encender el debate sobre la transparencia en la comunicación oficial y el impacto real del ajuste en los usuarios. Aunque la Secretaría de Transporte presentó el incremento en colectivos nacionales como una suba “moderada” del 2%, los datos completos muestran un escenario muy distinto: los aumentos escalan según la distancia recorrida y alcanzan hasta el 13% en los tramos más largos.
La medida, que comenzó a regir el lunes 18 de mayo, forma parte de un cronograma de tres incrementos consecutivos (mayo, junio y julio) impulsado por el Gobierno nacional. Sin embargo, el foco comunicacional estuvo puesto en el boleto mínimo, que pasó de $700 a $714 con SUBE registrada, dejando en segundo plano el impacto en millones de pasajeros que recorren mayores distancias en el conurbano bonaerense.
Ese recorte informativo no es menor. En la práctica, quienes viajan entre 12 y 27 kilómetros enfrentan subas superiores al 9%, mientras que los trayectos de más de 27 kilómetros registran aumentos del 13,11%. En promedio, el incremento real ronda el 6,9%, más del triple de lo difundido oficialmente.
El esquema también profundiza la brecha entre usuarios registrados y no registrados en el sistema SUBE, una decisión política que busca acelerar la formalización del padrón, pero que al mismo tiempo castiga con mayor dureza a los sectores más rezagados. Para quienes no tienen la tarjeta registrada, los aumentos arrancan en el 28% y llegan hasta el 42%, configurando un salto tarifario de alto impacto social.
En paralelo, el ajuste en el transporte público no se limita a los colectivos. El mismo día también entró en vigencia un incremento del 18% en los trenes metropolitanos, con un cronograma de subas mensuales que se extenderá hasta septiembre. En este caso, el boleto mínimo pasó de $280 a $330, en una política que apunta a reducir subsidios pero que vuelve a trasladar el costo al usuario.
La combinación de ambos aumentos refuerza una tendencia: el transporte se consolida como uno de los rubros con mayor presión sobre el bolsillo en el AMBA, en un contexto económico donde los ingresos corren por detrás de los precios. La decisión oficial de segmentar y escalonar los incrementos puede leerse como un intento de administrar el impacto político del ajuste, aunque los números muestran que el alivio es más discursivo que real.
En este escenario, la discusión ya no pasa solo por cuánto sube el boleto mínimo, sino por cómo se distribuye el esfuerzo entre los distintos perfiles de usuarios. Y, sobre todo, por el nivel de claridad con el que el Estado comunica medidas que afectan de manera directa la vida cotidiana de millones de personas.
